La entidad estatal busca la administración del 100% de los aportes jubilatorios que en la actualidad están en manos de las AFP.
Ante el proyecto de Ley de Comunidad Ciudadana (CC) en la que propone que sea la ciudadanía la que elija entre la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo o las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la entidad encargada de administrar sus aportes jubilatorios, Jaime Durán, gerente de la Gestora Pública, rechazó esa posibilidad al considerarla inconstitucional.
Durán salió al cruce de la senadora de oposición Andrea Barrientos que propone modificar la Ley de Pensiones, al indicar que esa solicitud es una contravención a la Constitución Política del Estado (CPE), pues en su artículo 45 indica con relación a la seguridad social que “su dirección y administración corresponde al Estado”.
Además, establece que “los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados.” La misma es de cumplimiento obligatorio, por lo que presentar un proyecto de ley que implique que las AFP continúen operando en Bolivia, más allá de los tiempos definidos en normas en vigencia, como señala la Senadora Barrientos, contraviene la CPE de nuestro país, remarcó Durán.
Al respecto, Barrientos sostuvo que dicho proyecto es 100% constitucional y aclaró que no se plantea que esos recursos sean manejados por los privados, sino que se delegue la administración -lo que a su criterio es totalmente constitucional- y que si el Gobierno no lo acepta es porque quiere tener la libertad de tomar los más de $us 23.000 millones que están en las AFP y de esa manera salir del desastre económico.
Sobre el artículo 45, parágrafo VI de la CPE, Barrientos subrayó que esa es la única disposición constitucional que dice que solo los servicios de la seguridad social pública no pueden ser privatizadas ni concesionadas.
“Pero en ningún lado indica que la seguridad social es pública. Únicamente la Constitución dice que corresponde al Estado dirigir y administrar la seguridad social. Tampoco se prohíbe que entidades privadas como las AFP presten un servicio de seguridad social privada”, insistió la legisladora.
Alberto Bonadona, ex director del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), tuvo sus reparos sobre el proyecto de ley de CC, al considerar que para ser viable se tendría que modificar la Carta Magna, un aspecto que considera poco probable.
También observó el argumento de Barrientos de que la posibilidad de que una persona pueda elegir al administrador de sus aportes, porque eso generaría una competencia entre las AFP. “Eso es mentira, en la actualidad las dos AFP se han puesto de acuerdo y no compiten. Nada en el futuro indica que eso cambie de situación”, observó Bonadona.
David Villarreal, experto en seguridad social, sostuvo que en un escenario ideal lo adecuado sería que uno como aportante elija dónde depositar sus ahorros jubilatorios. Si se confía en el Estado o se prefiere lo privado.
“Pero hay un pequeño problema y no sé si lo contemplaron los proyectistas de Comunidad Ciudadana y es que para avanzar se debe modificar la Constitución Política y esa no es una tarea sencilla. Entonces la propuesta se queda a mitad de camino”, advirtió Villarreal.
Fuente: El Deber
