El relator expresa su preocupación por el incremento del uso del mercurio en la minería, por el tráfico a través de Bolivia, por la falta de una ley y la inacción estatal.
La Organización de Naciones Unidas hizo un fuerte llamado de atención al gobierno de Luis Arce por no tomar acciones ni regular el uso del mercurio y su tránsito ilegal hacia otros países para la minería artesanal del oro, lo que está causando serios problemas de salud a las poblaciones indígenas.
Las observaciones están contenidas en una carta enviada al Estado Boliviano el 28 de septiembre de 2021 por Marcos Orellana, relator especial para las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, y José Francisco Cali, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La misiva indica que en Bolivia falta regulación sobre el comercio y el uso del mercurio, que el Estado no produce datos desde 2014 sobre esta materia, que el Gobierno rechaza las solicitudes de los líderes indígenas que piden informes sobre este tema, que no hay seguimiento o registro al flujo del mercurio, que el país es un punto de tránsito para otros países porque es fácil importar este químico, que pese a haberlo firmado, Bolivia no aplica el convenio de Minamata sobre mercurio y que, por el contrario, emite normas que incentivan la explotación minera con mercurio.
“Quisiéramos señalar nuestra profunda preocupación por el incremento desmedido en la importación y uso de mercurio en Bolivia, con consecuencias graves en el medioambiente, la salud de las personas, el efecto desproporcionado en la contaminación del territorio indígena, y la vida y la salud de los pueblos indígenas”, señalan los firmantes.
Sin una ley específica que regule su comercialización y uso, el mercurio en las actividades mineras en Bolivia amenaza la vida de los pueblos indígenas, como el esse ejja. Asimismo, el hecho de que la importación en el país se haya disparado desde 2015, encendió las alarmas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que advirtió que Bolivia podría ser centro de “tráfico” de mercurio hacía otros países de la región.
Pese a que, mediante la Ley 759 del 17 de noviembre de 2015, el Estado boliviano ratificó el “Convenio de Minamata sobre Mercurio”, suscrito en Kumamoto, Estado de Japón, el 10 de octubre de 2013, la ONU observa que el país no cuenta con una normativa específica de regulación sobre el mercurio ni un plan de acción nacional para hacer frente a los graves problemas de salud y medioambiente por el uso del mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala.
“Resulta alarmante que Bolivia hasta el día de hoy no cuente con una regulación específica y efectiva para controlar adecuadamente la importación, comercialización y uso del mercurio”, se lee en una misiva.
En la misiva los representantes de la ONU además solicitan una docena de respuestas al Estado Boliviano sobre el impacto del uso de mercurio en los pueblos indígenas, las medidas implementadas por el Estado para garantizar el derecho a la salud de los mineros, las medidas para prevenir la afectación al medioambiente, las medidas de control para hacer frente al comercio ilegal de mercurio y los pasos para aplicar el convenio de Minamata, entre otros. Después de 70 días no se recibió ninguna respuesta, según afirmó Orellana.
La pasada semana, además, Álex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), entregó una carta simbólica para Luis Arce, exigiéndole que dé respuesta a las interrogantes de la ONU.
“Se presenta una situación de contaminación muy alarmante en nuestro país por el uso del mercurio en la actividad minera, sobre todo en la cuenca del Río Beni, donde la población indígena esse ejja es una de las más afectadas por la contaminación de mercurio, dado que su dieta principalmente se basa en el consumo de peces”, advirtió.
“Hemos recogido información preocupante sobre el incremento desmedido en la importación y uso de mercurio en el país. Esta situación tiene consecuencias muy graves en el medioambiente y los derechos humanos de varias comunidades indígenas”, se lee en la carta de Villca.
Al respecto, Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), sostuvo que el Estado tiene conocimiento desde 2014 que las mujeres en edad fértil del pueblo indígena esse ejja presentaron niveles de contaminación por mercurio “altísimos” en su organismo. Refirió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que los niveles máximos de mercurio debían ser de 1 ppm (parte por millón), es decir, un miligramo por cada kilo, pero que las mujeres presentaron hasta 8 ppm.
No obstante, este no es el único problema que se identifica en relación con el mercurio en el país. Otro aspecto que la ONU observó es que, por los niveles altos de importación de este elemento, Bolivia podría ser centro de tráfico de mercurio hacía otros países de la región.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), reflejados en el estudio del Cedib titulado El negocio del Mercurio en Bolivia, el país pasó de importar 12,7 toneladas anuales de mercurio en 2014 a 151,4 toneladas anuales en 2015. Los años posteriores la importación osciló en aproximadamente de 200 toneladas por año.
“Esa cantidad nos convierte, desde 2015, en el segundo país importador de mercurio en todo el mundo” alertó Campanini e indicó que Bolivia sólo se encuentra por debajo de India en cuanto a la importación de ese metal.
Fuente: Pagina Siete
