Jubilados que no perciben Pensión Solidaria de Vejez, por un aporte de 25 años con salario promedio de Bs 7.000 cobran Bs 2.900. Autoridades electas de más de 65 años están exentas de estudios de capacidad.
El proyecto de ley “Modificación de la Ley de Pensiones”, (PL 395/22-23) estable que el sector minero metalúrgico -con un aporte de 25- años podrá percibir una Pensión Solidaria de Vejez de Bs 4.710, un 38% más de lo que cobra (Bs 2.900) un jubilado con el mismo tiempo de aporte y un salario promedio de Bs 7.000.
¿Por qué esta diferencia? En Bolivia el Sistema Integral de Pensiones (SIP) está compuesta por la Pensión de Vejez (PV) y la Pensión Solidaria de Vejez (PSV) ¿En qué se distinguen? La primera es resultado de los aportes propios del trabajador y la segunda se nutre de los aportes del trabajador más un porcentaje de la Fracción Solidaria.
De acuerdo con la Ley de Pensiones 65, en su artículo 14 se define que la Fracción Solidaria es el componente variable con el que se alcanza el monto de la Pensión Solidaria de Vejez, que corresponde al asegurado en función a su densidad (años) de aportes, y que se financia con recursos del Fondo Solidario.
David Villarroel, especialista en seguridad social, sostuvo que en la actualidad los recursos de este fondo provienen del Aporte Patronal Solidario (3% sobre el total ganado de los trabajadores públicos y privados), el Aporte Solidario del Asegurado (0,5% sobre el total ganado), la contribución del 20% mensual de la recaudación por primas por riesgos previsionales, el Aporte Minero Solidario (2% sobre el total ganado de los trabajadores del área productiva del sector minero metalúrgico) y el Aporte Nacional Solidario de los trabajadores con totales ganados superiores a Bs 13.000.
Con el PL 395/22-23 el porcentaje de los aportes va aumentar y con esto los límites mínimos y máximos que son referenciales para el pago de la PSV, sostuvo Villarroel.
Nuevos valores
El PL 395/22-23 propone que las personas que aportaron 10 años y están en el grupo de la PSV podrán cobrar Bs 720, las que aportaron 11 años, podrán percibir Bs 784, y las que tienen aportes por 15 años verán mejorar su PSV y percibirán Bs 1.040 cuando en la actualidad su pensión es de Bs 920.
Los montos tienen un mayor aumento cuando se toma en cuenta lo que percibirá el sector minero metalúrgico. Así los límites máximos por un aporte de 20 años pasarán de Bs 3.240 a Bs 3.660, uno de 25 años de Bs 4.000 a Bs 4.710, uno que aportó 30 o 35 años de Bs 5.000 a Bs 6.000.
Desde la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), indicaron que esta mejora en la PSV esta acorde con el trabajo que realizan y que a lo largo de la historia de Bolivia fue generado de importantes ingresos que beneficiaron a la población y al desarrollo del país.
Al respecto, Villarreal remarcó que este proyecto de modificación “es un paliativo”, que de ninguna manera soluciona los bajos valores de las pensiones que se pagan en el país y “si se quiere realmente dar una calidad de vida a los jubilados del sector minero se debe reducir los años para su jubilación a los 50 y no que siga vigente que recién se pueden jubilar a los 56 años”, observó.
En cuanto a los topes referenciales máximos el analista criticó que sean tan dispares. “Hay casos de personas que aportaron 30 años, con salarios promedios de Bs 7.000 y apenas logran una jubilación por encima de los Bs 3.000 cuando los mineros con similar periodo de aporte de acuerdo con este proyecto de ley tendrán una jubilación de Bs 6.000”, indicó Villarreal.
Alberto Bonadona, ex director del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), se preguntó cuál es cálculo actuarial que permita aumentar el Fondo Solidario. “¿Qué cantidad de recursos son los que el Gobierno busca conseguir con estas modificaciones en los porcentajes de aportes de empresarios y trabajadores?”, cuestionó.
“¿Será que el sistema solidario es sostenible si cada ve hay más jubilados que cobran la pensión solidaria y cada vez menos aportantes para el Fondo Solidario? El camino elegido no es el correcto y lo único que se puede proyectar es cada tanto los pocos aportantes van a tener que desembolsar mayores recursos”, advirtió Bonadona.
Dejar de trabajar
En la disposición adicional única del PL 395/22-23 se indica que, “con el objeto de coadyuvar con la preservación de la salud y el bienestar de la población adulto mayor, los asegurados dependientes que tengan 65 años de edad y cumplan requisitos en la Ley 65 se acogerán y ejercerán derecho a una Pensión de Vejez o Pensión Solidaria de Vejez en el Sistema Integral de Pensiones”.
Sobre el tema Villarreal al igual que Bonadona coincidieron en que el proyecto de ley fuerza a las personas a tener que dejar de trabajar a los 65 años que se ven forzados a pesar de estar jubilados a seguir trabajando, “poque sus rentas son muy bajas para tener solo ese ingreso”.
En el parágrafo II se establece que para aquellos que jubilados de 65 años pueden seguir trabajando “para su continuidad laboral, a solicitud expresa del asegurado podrán someterse a un examen médico de aptitud física y mental a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, el cual evaluará el estado de salud del trabajador”.
Mientras que, en el parágrafo III se puede que “se encuentran exentos de la aplicación del parágrafo I (disposición única) las autoridades electas, designadas y de libre nombramiento”.
Jorge Cabrera, de la Federación Departamental de Jubilados de Santa Cruz, considera el último punto como una actitud discriminatoria en donde se hace foco en un sector de la población con bajos recursos y se la condiciona poder seguir trabajando, mientras no “mide con la misma vara a los funcionarios que tienen luz verde para trabajar y mejorar sus ingresos sin que se los obligue o ‘sugiera’ sutilmente dejar de trabajar”, criticó Cabrera.
Este examen “me parece una arbitrariedad total”, subrayó Villarreal. “¿Solamente ese grupo de personas (los políticos) no estaría con ningún desgaste físico o mental? todos lo tenemos. Creo que la ley tendría que ser pareja para todos”, cuestionó.
Según la exposición de motivos del proyecto de ley, “se evidenciaron casos en los que el resultado de la continuidad laboral de trabajadores mayores de 65 años repercute en la calidad de servicio que presta el trabajador”.
La implementación de esta norma “abre la posibilidad de nuevas fuentes laborales, para la inserción de nuevas generaciones y de esta manera reducir el nivel de desempleo que existe en el país”, cita el documento.
Villarreal consideró que, “si la mayoría de las personas no se está jubilando, no es porque no quiere terminar una etapa laboral. Simplemente es porque las pensiones de vejez son demasiado bajas”.
Un estudio del investigador laboral Bruno Rojas indica que el actual sistema integral de pensiones paga rentas bajas equivalentes del 25% al 35% del salario referencial que un trabajador gana en vida activa. Jubilarse es “un mal negocio”, un castigo para el trabajador, dijo. Con esas rentas “no pueden cubrir sus requerimientos y pasan a filas de la población pobre”, puntualizó.
“Con esto lo que van a provocar es incrementar mucho más esa población adulto mayor empobrecida, porque van a tener pensiones sumamente bajas”, indicó Villarreal.
Cabrera subrayó que cientos de jubilados desempeñas tareas como docentes, en colegios, institutos y universidades. “Lo hace porque tienen gran experiencia y están capacitados, pero lo más importante siguen trabajando para no quedar en la miseria. Dónde queda el interés del Gobierno de brindarnos protección, cuando con estas medidas nos empuja a la fila de los desocupados”, lamentó.
Fuente: El Deber
