El plan para dotar de valor agregado a algunos alimentos -que lleva adelante el Gobierno- es considerado por los productores como un ‘candado’ a la libre oferta y a la generación de precios, que busca regular la producción no desde un enfoque técnico, sino más bien desde una visión política.
Mario Moreno, presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo, observó que estos proyectos de industrialización de algunos alimentos, en especial de aquellos en los que ya está el empresariado privado, no tienen otro objetivo que controlar la producción y la generación de sus precios, así como también regular las exportaciones mediante los cupos.
“Está bien que el Gobierno garantice la seguridad alimentaria del país, pero debe comprender que lo público y lo privado se deben complementar. No es posible que se busque competir con un sector que genera el 70% de los alimentos que se consume en el país”, observó Moreno.
Para el expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jhony Mercado, que se destinen más de $us 100 millones para potenciar a dos empresas estatales y se les encargue la industrialización de algunos alimentos no es la mejor opción, dado que a su criterio las firmas públicas no se caracterizan por su eficiencia.
El economista Germán Molina indicó que la tarea de los que administran el Estado no es la de ser una competencia a la iniciativa privada, sino que su labor es ofrecer un buen clima de negocios con reglas claras para los empresarios que quieran invertir en el agro boliviano.
Molina hizo notar que no es aconsejable que el Estado busque intervenir, como en el caso de la soya, cuando los industriales del país han demostrado con creces que son exitosos en el negocio de las oleaginosas y generan $us 1.600 millones. Además, hay excedentes para exportar, porque el país solo consume el 20% de la oferta.
Mauricio Serrate, presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple), fue tajante al indicar que este tipo de emprendimientos además de ser un ‘candado’ al desarrollo privado de la producción de alimentos, absorben recursos que se destinan a proyectos que van a fracasar.
“La concepción de un Estado-empresario es de los 60 y 70. Estamos retrocediendo. Ese dinero se podría destinar para mejorar la infraestructura vial y no para responder a prebendas políticas”, señaló Serrate.
El proyecto
El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 4722 que asigna unos Bs 842,8 millones del Tesoro General de la Nación a favor de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y a la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA). El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, indicó que a Emapa se destinarán Bs 424,5 millones para la construcción de una planta de transformación de subproductos de soya.
A EBA se le asignarán Bs 256,5 millones para una planta láctea y el procesamiento del maní y ají, en Chuquisaca.
Fuente: El Deber
