Las micros, pequeñas y medianas empresas del país atraviesan por un duro momento, la emergencia sanitaria y los bloqueos de caminos, dejaron heridas difíciles de sanar. Por eso, el sector ve imposible retomar el pago de sus créditos en septiembre. En este contexto, dirigentes del gremio exigieron al Gobierno acelerar la promulgación de una Ley que prorroga el diferimiento de los préstamos hasta el 31 de diciembre.
La anterior semana, la Asamblea Legislativa aprobó una norma que posterga el pago de todos los créditos del sistema financiero hasta esa fecha. Esta medida fue tomada en medio de una fuerte crisis económica provocada por la paralización de las actividades por la presencia del coronavirus.
La norma debe ser promulgada por la presidente, Jeanine Áñez. Sin embargo, desde el Gobierno indicaron que la jefa de Estado y su gabinete están analizando la ley, para encontrar un punto de equilibrio.
Sin embargo, dirigentes del sector indicaron que, la mayoría de los pequeños empresarios, no están en condiciones para poder cumplir con sus obligaciones.
El dirigente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conamype), Néstor Conde explicó que actualmente 200.000 empresas se encuentran al borde del colapso debido a la paralización de las actividades, tanto por la emergencia sanitaria y los bloqueos.
“En este momento es imposible pagar hasta septiembre nuestros créditos”, señaló.
El dirigente sostuvo que un ampliado del sector, que se realizará este martes, determinará qué medidas de presión adoptarán si el Gobierno no aprueba la norma.
Félix Huaycho, presidente de la Federación de Micro, Pequeños y Medianos empresarios de Santa Cruz (Fedemype) sostuvo que la situación del sector es delicada.
Desde hace varios años el sector se vio afectado por diferentes problemas, como el contrabando y la importación de mercadería china.
A esto hay que sumar la paralización de la mayoría de las unidades productivas e incluso los bloqueos de caminos que han perjudicado la circulación de productos en el mercado nacional.
“Ahora la gente está priorizando sus gastos, en vez de comprarse ropa o zapato están comprando comida”, dijo el dirigente.
Huaycho sostuvo que las condiciones no están dadas para que las unidades productivas reanuden sus pagos “porque apenas estamos trabajando para sobrevivir”.
“Yo por ejemplo tengo que hacer una cuota de Bs 6.000 para pagar mis créditos; pero ahora a lo mucho estoy haciendo Bs 1.500, estamos sobreviviendo, ahora no podemos pagar”, dijo.
Solo en el periodo de emergencia, según datos de Conamype, cerca de 150.000 unidades productivas se fueron a la quiebra, y un número similar quedaron al borde del colapso debido a los 12 días de bloqueo de caminos, organizados por grupos sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Por eso es importante que el Gobierno promulgue el diferimiento de créditos para que podamos pagar nuestros compromisos en enero. Ahora es imposible”, insistió Conde.
En contrapartida, las entidades financieras como la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y las Cooperativas de Ahorro y Crédito, señalaron, en comunicado conjunto, que la determinación adoptada por la Asamblea Legislativa ampliará la crisis sanitaria y económica del país.
“Lo que pondrá en riesgo no sólo al sistema financiero nacional, que se constituye en un pilar fundamental de la salud del Estado, sino también a la economía de las empresas y personas, quienes tendrán ahora, más que nunca, necesidades de apoyo financiero para superar la crisis en la que se está sumiendo al país”, señala parte del comunicado.
El Deber
