“El ministro no conoce el manual sexto de cuentas del FMI”, afirmó un exdirectivo del Banco Central de Bolivia.
Ante los cuestionamientos por la detención del exviceminitro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink, por el caso FMI, mediante un comunicado el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que el proceso contra la exautoridad no responde a ninguna persecución política.
En la nota oficial esta cartera de Estado sostuvo que la detención de Schlink, “responde a una denuncia presentada por el Banco Central de Bolivia (BCB) por presuntos hechos irregulares inherentes al crédito contratado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us327 millones”.
En el mismo documento el Ministerio de Economía señala que Schlnk fue “posesionado como Viceministro del Tesoro y Crédito Público mediante la Resolución Suprema Nº2 6231, del 9 de enero de 2020, y permaneció en el cargo hasta el 14 de julio de la gestión pasada, dentro de ese periodo se gestionó el crédito con el FMI, el cual habría generado un daño económico” y que por tal razón, “la detención del exviceministro Schlink no responde a ninguna persecución política”.
La exautoridad fue detenida el anterior sábado en el aeropuerto de Viru Viru cuando se disponía a realizar un viaje. Agentes de Migración y de la Policía lo retuvieron, en cumplimiento a una orden de arraigo contra él.
Cuestionamientos al proceder de la Fiscalía
Sin embargo, Adalia Zurita, abogada de la exautoridad, aseguró él no tramitó el préstamo ante el FMI. Además, observó el proceso contra su defendido. Dijo que la denuncia se hizo 17 de marzo de este año, pero la Fiscalía no realizó ninguna notificación hasta el 27 de este mes.
Incluso, exdirectivos del BCB como Roger Banegas y José Gabriel Espinoza, indicaron que los argumentos expuestos por el Ministerio de Economía son incompletos.
Espinoza sostuvo que el Gobierno del MAS recurrió al FMI en 2009 usando mecanismos similares a los que se usaron en la gestión de la expresidenta, Jeanine Áñez. En ese entonces, el monto que ingresó fue de los $us 255,9 millones y para ello se necesitó la autorización de la Asamblea Legislativa.
Ante esto el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo que estos recursos entraron para aumentar las Reservas Internacionales Netas (RIN) y no mediante un crédito como se hizo el Gobierno de Áñez. Incluso, sostuvo que estos recursos no entraron como pasivos.
“El ministro no conoce el manual sexto de cuentas del FMI que indica en términos contables que el DGE va en la columna de los pasivos”, alegó Espinoza.
Espinoza explicó que la transacción realizada con el FMI no se trató de un préstamo tradicional, sino que se recurrió al Instrumento Rápido de Financiamiento (IFR), una operación de intercambio de divisas, cuyo objetivo durante la pandemia fue dotar de recursos a los países miembros del FMI de una manera rápida y expedita.
En ese sentido, no ameritaba la aprobación de la Asamblea.
Lo mismo opinó el expresidente del BCB, Juan Antonio Morales. En declaraciones al diario cochabambino Los Tiempos, dijo que los recursos del FMI no fueron aprobados por la ALP por una mera oposición política, puesto que los legisladores consideraban que ese financiamiento tenía muchas condicionantes, algo que, según Morales, es falso.
Explicó que el anterior Gobierno realizó una operación de venta de divisas con pacto de recompra, es decir: Bolivia vendió una parte de su participación en el FMI y el organismo le dio a cambio Derechos Especiales de Giro (DEG), activos que son convertidos a dólares.
Por Ernesto Estremadoiro Flores
Fuente: El Deber
