El Gobierno considera que el aumento es mínimo. Analistas observan que la sostenibilidad del Fondo Solidario dependa de estos incrementos y no de la ampliación del universo de aportantes a la jubilación.
El presidente Luis Arce envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para mejorar la pensión solidaria en el sistema de pensiones y “permitir una vejez digna” a través del incremento de los aportes solidarios de los empleadores y de los trabajadores dependientes que ganen más de Bs 13.000.
Economistas coinciden en sin una política que permita ampliar el universo de aportantes, cada cierto tiempo va a pasar lo mismo, “van a tener que incrementar el aporte solidario para que pueda seguir funcionando”.
El proyecto de ley “de modificación de la Ley de Pensiones”, remitido a la Cámara de Diputados el 2 de junio pasado, modifica los límites mínimos y máximos de la escala de la pensión solidaria de vejez, y la forma en la que se financia el Fondo Solidario.
En el segundo caso, incrementa el aporte patronal solidario del 3% al 3,5% y sube del 1, al 1,15%, del 5 al 5,74% y del 10 al 11,48% los aportes al Fondo Solidario de los empleados que ganen más de Bs 13.000, 25.000 o 35.000, respectivamente, siempre y cuando el saldo sobre ese monto fijado sea positivo. Con estos ajustes, la pensión solidaria máxima que puede recibir un jubilado en general subirá de Bs 4.200 a 5.200 y de Bs 5.000 a 6.000 para el jubilado minero.
Consultada al respecto, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia informó que analiza los alcances del proyecto de ley.
“Me preocupa mucho que el Fondo Solidario no pueda ser sostenible sin tener que estar afectando a los empleadores y trabajadores”. Los recursos que hay en este fondo “no alcanzan” para incrementar la pensión solidaria como quieren, por lo que “lo más cómodo para ellos es seguir apoyándose” en estos dos sectores, consideró David Villarreal, especialista en seguridad social.
La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, informó que el incremento de los aportes solidarios de empleadores y trabajadores “es mínimo”, y que esto permitirá mantener “el tiempo de vida” del Fondo Solidario hasta 2048, una fecha que se mantiene desde la promulgación de la Ley 065 de Pensiones, en diciembre de 2010.
La exposición de motivos de proyecto detalla que entre octubre de 2017 (última modificación de los límites solidarios) y diciembre del año pasado, la cantidad de jubilados que recibe una pensión solidaria creció en 108%. Hasta el último mes de 2022, había 207.639 jubilados en el sistema de pensiones, de los cuales el 69% (143.892) recibe una pensión solidaria.
Alberto Bonadona, ex director del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), observó que estas modificaciones a la Ley de Pensiones se hagan sin un estudio actuarial de cuánto significará el aumento del aporte solidario de empleadores y trabajadores, y de cuánto se va a requerir para cubrir el mayor número de beneficiarios de la pensión solidaria”.
“El número de personas elegibles para el Fondo Solidario ya no va a ser del 69%, posiblemente llegue a ser del 75% u 80% de los jubilados”, proyectó.
“No hay ningún estudio, ninguna base sólida para decir si va a ser o no” sostenible, remarcó.
Al respecto, Espinoza remarcó que sí se hizo un estudio matemático actuarial en diciembre de 2022, con base en el cual se definieron los ajustes a la Ley 065.
Antonio Ticona, secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Jubilados en el Sistema Integrado de Pensiones de La Paz, indicó también que su sector analiza la propuesta legal.
No obstante, criticó que el Gobierno siga aumentando la presión sobre quienes contribuyen al Fondo Solidario en un momento en el que “no hay fuentes de trabajo formal” para aportar al sistema de pensiones y en el que las empresas que pueden crearlos “no quieren invertir en Bolivia por los problemas sociales, falta de seguridad jurídica y falta de garantías”.
En el mercado local, agregó, las empresas ya solo contratan trabajadores temporalmente, sin beneficios sociales, y hay que ser partidario del MAS para acceder a un empleo en el sector público.
Villarreal indicó que la sostenibilidad del sistema de pensiones y, por ende, del Fondo Solidario requiere del involucramiento de más personas que aporten para su jubilación, un justificativo que en su momento usó la administración del Movimiento al Socialismo para cambiar la Ley de Pensiones.
El Gobierno “habla de unos 2 millones de aportantes”, pero en ese total están incluidas personas que en algún momento aportaron y que no lo hacen más, jubilados que dejaron de aportar y los menos de 1 millón trabajadores que siguen aportando, mencionó.
Sin embargo, acotó, los trabajadores independientes no se sumarán al sistema de pensiones, mientras la Gestora no demuestre que puede subir la rentabilidad de los aportes a un rango del 8 al 10%.
Fuente: El Deber
