En los últimos 10 años, la deuda pública del país creció al menos en 241 por ciento, de acuerdo a datos oficiales. La deuda externa e interna sumaban 8.464 millones de dólares en 2012, pero para 2022 el monto ya llegaba a 28.872 millones, aproximadamente.
Sin embargo, estos datos sólo contemplan la deuda interna del Tesoro General de la Nación (TGN), pero no la del Banco Central de Bolivia (BCB) ni los créditos que esta entidad ha desembolsado, montos que podrían elevar la deuda total hasta en un 30 por ciento.
De acuerdo a datos analizados por la Fundación Milenio, la deuda total en 2022 (más los datos que conciernen al BCB) sobrepasaba los 28.872 millones mencionados y llegaba a la cifra de 35.187 millones de dólares, un 81 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
La deuda con relación al PIB se elevó de un 59,3 por ciento en 2019 a cerca del 81 por ciento el año pasado.
El analista de la Fundación Jubileo, René Martínez, señaló en la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz que, ante tal aumento de la deuda pública, hay una “necesidad imperiosa de que haya una auditoría de ésta para ver para qué nos hemos endeudado tanto, incluso en época de bonanza”.
“Nos cuestionamos dónde fue la deuda, pero también dónde fueron los ingresos de la época de bonanza. Se despilfarró en gastos corrientes, algo en inversiones que no generaron retornos y en elefantes blancos”, añadió Martínez.
El Gobierno de Luis Arce ha señalado que la deuda externa está por debajo de los límites que establecen organismos internacionales, por lo que aún hay espacio para aumentarla. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, resaltó que los créditos se destinan principalmente a proyectos de inversión pública, que van en beneficio de la población y de la dinámica de la economía, y no así al gasto corriente.
Martínez señaló que un 37 por ciento de la deuda externa de 2022 se había distribuido a “apoyo presupuestario, multisectorial y otros”, es decir, destinos prácticamente desconocidos. En comparación, sólo un 9 por ciento se había destinado a salud, y 0,4 por ciento, a educación.
“En salud no se vio avances, en educación tampoco, y esto afectará nuestro futuro para poder pagar las deudas”, señaló en el mismo evento en línea el docente e investigador de la UMSA, Alberto Bonadona.
Periodo de bonanza.
Pese al periodo de bonanza que vivió el país hasta 2014, con una renta hidrocarburífera de 24.507 millones de bolivianos, la deuda pública ya venía en ascenso y siguió subiendo. Los ingresos cayeron, pero los gastos aumentaron.
Martínez dijo que, de un presupuesto para gastos corrientes de 126.626 millones de bolivianos en 2015, se pasó a un presupuesto de 144.485 millones para este año. “Esto responde al modelo del gobierno, que señala que la demanda interna impulsará la economía, y esta demanda proviene del gasto público”, dijo.
En su criterio, esta caída de los ingresos (que quiere ser compensada con la deuda) y aumento de los gastos generó déficits fiscales por 10 años seguidos.
El periodista de investigación Rafael Sagárnaga señaló en la cátedra virtual que “la época de bonanza fue una oportunidad de oro para que Bolivia despegue”, pero esto no ocurrió.
Con una época del gas en declive, pareciera comenzar la era del oro —según Sagárnaga—, pero viene acompañada con un alto costo ambiental y pocos beneficios para el país, por la evasión de impuestos.
Las exportaciones de este metal precioso alcanzaron en 2022 los 3.003 millones de dólares, superando las de hidrocarburos.
Se presume que las ventas de gas natural caerán en los próximos años, debido a una menor producción, falta de reposición de reservas gasíferas y la autosuficiencia de Argentina, que además entrará a competir por el mercado brasileño.
Consecuencias en la calidad de vida
El aumento de la deuda, si no es bien administrada, genera inestabilidad económica y una reducción de la calidad de vida de la población del país, advirtió el investigador Alberto Bonado-na.
Los efectos económicos se pueden ver en la caída de las reservas internacionales, devaluación de la moneda, inflación, recesión, reducción de la inversión en infraestructura y bienestar social, y mayor dependencia de prestamistas extranjeros.
Los efectos sociales son un aumento de la pobreza y la desigualdad social, deterioro de la calidad de vida, aumento del empleo informal en condiciones precarias y la migración hacia otros países en búsqueda de mejores condiciones.
Fuente: Los Tiempos
