“En vez de buscar soluciones, como la biotecnología, para que las plagas y la sequía no afecten la economía del pequeño agricultor retoman una medida política que traba y estrangula al agro cruceño.
Es la peor decisión asumida y llega justo cuando las condiciones de precios en el contexto nacional e internacional -$us 375 y 430 la tonelada, respectivamente- son inmejorables. Vuelve el fantasma de la incertidumbre y eso se verá reflejado en la caída de las proyecciones de siembra de soya”, señaló Eliazer Arellano, tras conocer que el Gobierno abrogó el Decreto Supremo 4139 que liberaba las exportaciones, dejando sin efecto el certificado de abastecimiento interno y precio justo.
Con los actuales precios de la soya, Arrellano dijo que la economía sectorial de a poco empezaba a reactivarse al punto que muchos pagaron deudas y pensaban expandir sus áreas de cultivo. “La anulación del decreto juega en contra, por la incertidumbre, y seguro muchos dejarán de sembrar. “Uno produce para vender y cuando se coarta la exportación el precio se cae por la saturación del mercado”, manifestó Arellano.
Ayer, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, citado en ABI, informó de que el gabinete ministerial abrogó los decretos supremos 4139 y 4181, que, a su juicio, ponían en riesgo la seguridad alimentaria de Bolivia y favorecían a las grandes exportadoras e importadoras.
“Se ha abrogado el Decreto Supremo 4139 que liberaba las exportaciones dejando sin efecto el certificado de abastecimiento interno y precio justo”, detalló la autoridad, al aludir que la norma aprobada el 22 de enero de 2020 iba en contra de la política social comunitaria, que “siempre ha privilegiado la seguridad alimentaria”.
A partir de la anulación de la normativa los productores e industrias deben presentar un certificado de abastecimiento que garantice la provisión del mercado interno. Lo otorga el Gobierno para poder exportar la producción.
“Dicha norma constituye un atentado a la soberanía y seguridad alimentaria, con el posible incremento de precios y desabastecimiento de productos sensibles, como la carne de res, la carne de pollo, trigo, arroz y maíz, situación que conllevaría a un escenario de presiones en los precios”, puntualizó el ministro de Economía.
El pasado mes, la soya registró récord de precios -$us 440 por tonelada, máximo valor en el mercado internacional desde agosto de 2014- y los actores productivos e industriales del sector oleaginoso del país coincidieron en demandar políticas públicas de fomento irrestricto a las exportaciones, sin cupos, y acceso al uso de biotecnología para incrementar la productividad y competitividad.
Ese mes, consultado respecto a la cotización favorable de la soya en el mercado de los commodities, el presidente de la Cámara de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Isidoro Barrientos, expresó que la mejoría del precio es un incentivo en plena época de siembra.
Aludió que otra medida que, a su criterio, ayudaría al pequeño productor a tomar una decisión para expandir sus cultivos debe venir por el lado del Gobierno, que debe garantizar la apertura de las fronteras para la exportación de soya y sus derivados, sin cupos.
Según el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, el decreto de liberación de las exportaciones, principalmente de soya, fue resultado de un acuerdo entre los actores de la cadena productiva, agroindustrias, productores pecuarios y productores primarios para generar un escenario de precio equilibrio para todos los eslabones y sin distorsiones de mercado, como las bandas de precios y cupos de abastecimiento, que solo generan desincentivo para aumentar la producción de alimento.
“Lamentamos la derogación del Decreto Supremo porque vuelve a generar incertidumbre en los productores para exportar los excedentes y obtener un precio justo por su producción, relacionado con el precio de oportunidad de exportación”, anotó Hernández.
El Deber
