Los industriales proponen que el 40% de la mercadería de contrabando rematada quede para alcaldías y gobernaciones. “Lo que tenemos que hacer ahora es generar incentivos sobre la mercadería que se incauta para que los municipios decidan involucrarse”, afirmó el líder empresarial en declaraciones exclusivas que hizo a este medio.
Para el ejecutivo está propuesta es una opción “sería, eficaz y oportuna” ya que la represión al contrabando en el cordón fronterizo que tiene el país con cinco naciones hace prácticamente imposible controlar el tráfico millonario de mercaderías “por lo que combatir el tráfico ilegal en el mercado local con apoyo de alcaldías y gobernaciones dejará resultados más óptimos y expectables”.
Las cifras hablan por sí solas. La CNI estima que el tráfico ilegal de mercancías mueve aproximadamente 3.600 millones de dólares al año, si esto es así, los gobiernos subnacionales podrían beneficiarse con recursos adicionales de hasta 1,4 millones de dólares, si se aceptara la propuesta, detalló Blazicevic los alcances que tendría el incentivo económico para alcaldías y gobernaciones.
La propuesta además se circunscribe al hecho de que la ley faculta a la Aduana a recompensar a cualquier persona natural que denuncia contrabando con el 20% sobre el valor de la mercadería secuestrada.
Sucede lo mismo con una comunidad y/o pueblo que denuncia hechos irregulares, tienen derecho a participar con un 40% sobre el valor del remate. Sin embargo, los municipios solo pueden participar con un 10%, apuntó el directivo empresarial.
“Entonces, si cambiaras eso y pudieras darle a los municipios igual o mayor (monto) a la recompensa que recibe, por ejemplo, una comunidad, lograrías despertar el interés de las alcaldías (en luchar contra el contrabando)”, aseguró.
En esta línea el presidente de la Cámara de Comercio de Cochabamba, Ramón Daza, planteó la urgencia de promover, una cumbre de lucha contra el contrabando para “municipalizar la interdicción” la internación de mercaderías ilegales.
“Creemos que la lucha es multisectorial a la cabeza de la Aduana Nacional, es menester regionalizar las acciones de represión y es, asimismo, tuición de los 360 municipios”, señaló el empresario.
Deben asumir sus competencias
Aunque no hizo referencia específica al tema del incentivo económico para las alcaldías y gobernaciones que asuman la responsabilidad de reprimir al tráfico ilegal de mercaderías, la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo, invocó a los gobiernos subnacionales, asumir las competencias que tienen por disposición de la Constitución Política del Estado.
“Los municipios tienen que presentar políticas contra el contrabando, pero sobre todo, y aquellos que están en la frontera, tienen que fiscalizar (el expendio de mercadería legal) en el mercado local, centros urbanos”, dijo Serrudo.
Cifras del contrabando a mayo de 2021
Según estudios del sector privado, el contrabando representó entre el 6,3 y el 8,3% del PIB nacional, que en 2019 llegó a 40.601 millones de dólares.
Cuando se compara contra el valor del sector comercio (sub componente del PIB), el valor fluctúa entre el 93,8 y el 123,6%, es decir, el contrabando podría ser igual o mayor en valor que el comercio formal. Y si se contrasta con el sector manufacturero, la incidencia está entre el 61.5 y el 81%, refiere el documento empresarial.
En cuanto a la incidencia que tiene en las importaciones legales, éste varía entre un 20 y 26 por ciento de promedio del país.
Los grandes volúmenes de contrabando mueven unos 3.000 millones de dólares y el contrabando “hormiga” mueve otros 600 millones extras al año, detalló.
El gerente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) Gustavo Jáuregui dijo que su sector también propone medidas preventivas al contrabando. “Es decir, apelar más a la ley y no tanto a la represión”, lo que significa generar desinterés económico para dedicarse al tráfico de mercaderías, subrayó.
En ese sentido, mencionó la aplicación de un plan nacional de logística para el comercio internacional; la vigencia plena de una ventanilla única para el comercio exterior, con apoyo del Banco Interamericana de Desarrollo (BID); y la institucionalización de la Aduana.
Fuente: Brújula Digital
