La petrolera estatal indica que el monto acordado de la compensación es de $us 50.000. Un dirigente indígena asegura que la cantidad es de $us 300.000.
Luego de que la Asamblea del Pueblo Guaraní del Itika Guasu (APG-IG) haya anunciado los trámites para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la compense económicamente por haber afectado a varias comunidades con la actividad hidrocarburífera, YPFB Transporte, a través de un comunicado, explicó que el pago a esa organización indígena está pendiente porque se aguarda que cumpla con algunas cláusulas del acuerdo.
La petrolera estatal señala que, a partir del Convenio de Validación de Acuerdos firmado entre la APG-IG y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías en 2012, ha emitido varias notas a sus principales dirigentes para realizar la negociación y firmar el acuerdo de compensación socio-ambiental, tal como indica la Ley 3058 y otras normas regulatorias.
YPFB Transporte indica que, hasta la fecha se han tenido reuniones y comunicaciones formales con varios dirigentes de la APG-IG y que en 2019 se firmó el acuerdo compensatorio con sus representantes por un monto de $us 50.000, suma que se enmarca en los parámetros del Decreto Supremo 2195 que reglamenta la compensación socio-ambiental; es decir, que por un lado, no supera el 1,5% del valor del proyecto y, por otro, la comunidad impactada recibe la compensación sujeta a un proyecto específico que sea de directo beneficio pues los recursos no son de libre disponibilidad.
Con respecto a este punto, la empresa indicó que en la construcción del Loop (ducto de extensión) del Gasoducto Villa Montes-Tarija (GVT), que tiene una extensión de 23 kilómetros y un diámetro de 10 pulgadas, se destinaron $us 11,8 millones.
Dado que el cálculo para la compensación socio-ambiental toma en cuenta criterios sobre impactos socio-ambientales identificados en el proceso de consulta y participación, según YPFB Transporte, la superficie del proyecto y la población afectada por el mismo; el monto acordado por ambas partes está en función a los 7,5 kilómetros del ducto de 10 pulgadas que pasa por la TCO Itika Guasu, considerando que se trata de áreas ya impactadas por otras obras anteriores. El ducto fue emplazado en el ya existente Derecho de Vía (DDV) del Gasoducto Villa Montes–Tarija y comparte una buena extensión del área fiscal del DDV de la carretera Villa Montes–Tarija.
La suma señalada por la petrolera estatal es cuestionada por René Arebayo, dirigente de la APG-IG, quien aseguró que en el acuerdo inicial con YPFB Transporte se fijó un monto de $us 300.000.
Situación diferente
La comprensión a la APG-IG es diferente a la que se está realizando a la Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba (en representación de comunidades campesinas), por la construcción del Gasoducto Carrasco-Cochabamba (GCC), según YPFB Transporte.
Según la empresa, el área que impactó el GCC se trata de bosques altamente sensibles, en buen estado de conservación, muchos cursos de agua; mientras que el trazo del GVT cruza áreas con bosque seco chaqueño con alto grado de intervención humana.
La petrolera estatal apoya su postura en las características del GCC, el cual tiene una longitud de 250 kilómetros y un diámetro de 16 pulgadas con un Derecho De Vía (DDV) de 15 metros de ancho a lo largo del gasoducto que atraviesa 10 municipios del departamento de Cochabamba y 89 comunidades campesinas.
En ambos casos, aseguró YPFB Transporte, el monto de la compensación es menor al 1,5% del valor de la construcción del gasoducto, conforme a la reglamentación referida al mecanismo de asignación porcentual de la compensación financiera por impactos socio-ambientales de obras y proyectos hidrocarburíferos (DS 2195).
Por Mauricio David Vasquez Carvajal
Fuente: El Deber
