El año pasado el ilícito se incrementó un 8,42%. Mientras que la expansión de la economía fue de un 4,3%. En 2022, la actividad ilegal se estimó en los $us 3.331 millones. En 1999, el daño fue $us 1.000 millones.
El ritmo del crecimiento del contrabando se parece a un caballo desbocado. Nadie lo puede controlar. Las cifras indican que, en 2022, la actividad ilegal creció un 8,42%, mientras la expansión económica fue de un 4,3%. Así el contrabando toma velocidad y crece el doble que el Producto Interno Bruto (PIB) boliviano.
Durante la presentación del seminario internacional Los desafíos de la región frente al contrabando, con participación de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y de representantes del sector empresarial de Perú y Chile, se abordó la problemática que en 2022 le generó un daño económico al país de $us 3.331 millones, cuando en 1999, la actividad ilegal representó $us 1.000 millones.
Este incremento del 233% le quita el sueño al empresariado formal boliviano que observa cómo el contrabando crece de forma acelerada haciendo estéril todos los filtros de control.
Hugo Siles, asesor de Presidencia y Gerencia General de la CNI, precisó que el contrabando organizado usa tanto las carreteras habilitadas como las alternas y se apoya en el “contrabando hormiga para camuflar la carga que ingresa al país”.
En su informe, Siles remarcó que el año pasado el contrabando se ubicó en los $us 3.331 millones, lo que representa un 7,96% respecto al PIB. “Esta cifra significa un mes de producción total de Bolivia. Ese es el impacto de este flagelo”, alertó el economista.
Propuestas
Ante este panorama, Pablo Camacho, presidente de la CNI, expuso cuatro propuestas del sector para hacerle frente a esta actividad ilegal “que ha crecido sin control”.
La primera es la reactivación del Consejo de Lucha contra el Contrabando que busca una participación integral entre Estado y sector privado con “la intervención más decidida de entidades como el Servicio de Impuestos Internos en nuestras fronteras o la Autoridad de Transporte porque el contrabando llega en buses a las ciudades para su comercialización incluso a través de redes sociales”, indicó Camacho.
La segunda propuesta está orientada a modificar la normativa legal que establece cuando una mercadería es considerada contrabando. La propuesta, dijo Camacho “es llegar, por lo menos a Bs 125.000 que equivalen a 50.000 UFV que es una cifra mucho más manejable que el medio millón de bolivianos (200.000 UFV) que está vigente ahora”.
En cuanto a la tercera propuesta, el titular de la CNI considera clave la participación de los gobiernos departamentales y municipales en las tareas de control del contrabando dentro del país.
“No podemos permitir que se siga afectando a los fabriles nacionales. Que se siga mermando las arcas estatales y siga destruyendo a las microempresas bolivianas”, señaló.
Finalmente, Camacho propuso el fortalecimiento del Viceministerio de Lucha contra el contrabando con mayor equipamiento y personal para realizar sus tareas. Y con un mejor intercambio de información y datos entre los encargados de realizar los diferentes controles.
A su turno, Fernando Antezana, director de la Cainco e Ian Miranda, jefe de Investigación Sectorial de la Cainco, remarcaron que el contrabando es un problema complejo con diferentes niveles de responsabilidad como el tipo de cambio, que afecta los márgenes, aún crítico para el comercio con Argentina y las capacidades limitadas que se traducen en un control poco efectivo, porque requiere de capacidades tecnológicas, humanas, de despliegue a lo largo de casi 7.000 km de frontera.
Estos dos aspectos son los más visibles del problema. Y en un nivel más estructural está el problema de la institucionalidad, donde las normas que no se cumplen, son incompletas, no son eficaces y hay una ausencia de coordinación, hizo notar Antezana.
“El contrabando es el síntoma de un mal mayor que se apoya en la informalidad, en donde las actividades ilícitas tienen en el contrabando una vía de legitimación de ganancias”, precisaron desde la Cainco.
Miranda enfatizó que el contrabando existe por factores externos como las variables de tipos de cambio de países vecinos y las extensas fronteras de Bolivia. Agregó que también se deben tomar en cuenta los factores internos que agudizan el contrabando en el país e inciden en los altos índices de informalidad. “Otro factor interno son las restricciones a las exportaciones que inhiben la producción, mientras se permite que crezca el contrabando”, indicó Miranda.
El analista remarcó que el contrabando afecta a la economía del país con $us1.400 millones en aproximadamente 17 categorías de productos.
El Gobierno
Durante su participación, el viceministro de Lucha contra el contrabando, Pedro Vargas, destacó otro aspecto de esta actividad ilícita: la salida ilegal de los productos nacionales, muchos de ellos subvencionados, a naciones vecinas que está agravando la crisis, afectando a los consumidores nacionales.
“El contrabando es una amenaza a la seguridad y al desarrollo del Estado porque genera crisis y afecta a las micro, pequeñas y grandes empresas provocando el cierre y el despido de personas, además de la salud de las personas por el ingreso ilegal de medicamentos”, dijo y agregó que es una amenaza delincuencial que afecta a varias naciones.
Según los datos de Vargas, existen más de 1.100 km de frontera con Perú y Chile y la mayor parte del contrabando que ingresa a Bolivia se realiza desde Iquique y Tacna. Lamentó que el aumento del contrabando es alentado porque en las zonas francas de estos países no se aplican las prohibiciones. Por ejemplo, para la importación de vehículos y motocicletas además de neumáticos usados en la Zona Franca de Arica. “Ante esto, se requiere un trabajo coordinado con el sector privado”.
“A la fecha tenemos más de 12 convenios con instituciones públicas y privadas y la Cámara Nacional de Industrias es una de las principales instituciones con las que tenemos alianzas”, señaló el viceministro.
Vargas enfatizó que la política gubernamental frente al contrabando es la de fortalecer la lucha frontal e integral contra este flagelo para la seguridad y defensa de la producción nacional.
A su vez, el jefe de la División de Control Operativo de la Intendencia de la Aduana de Puno (Perú), Pietro Edsei, aseguró que este es un tema tripartito que se origina en la impunidad del comercio ilícito que en el sur de Perú abarca delitos como el tráfico de mercancías no autorizadas, ropa usada contaminada, drogas, minería ilegal de yacimientos no autorizados, madera extraída sin autorización y el estallido de violencia social.
“Hay poblaciones que no quieren que ingrese la policía porque el contrabando les brinda facilidades”, dijo y destacó la importancia de la participación de las cámaras gremiales del sector privado para encarar de manera adecuada la lucha contra el contrabando.
Aspecto que fue compartido con los representantes de la CNI y la Cainco que subrayaron que en esas poblaciones la presencia de las autoridades es nula, por lo que el contrabando corre como un caballo desbocado, y nadie lo llega a controlar.
Fuente: El Deber
