A más de 13 años de la nacionalización del Sistema Integral de Pensiones (SIP) y ocho de la creación de la Gestora Pública, Bolivia tendrá un software que se encargará de manejar los recursos de los aportantes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). El Gobierno, ayer, dio a conocer que hay un 82% en el avance de construcción de esa herramienta que tendrá la información de todos los aportantes.
El gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Jaime Durán, explicó ayer que la construcción del software que administrará el SIP tiene un 82% de avance y actualmente está en etapa de pruebas.
“Tenemos que hacer pruebas funcionales de operación, pruebas de comunicación y rendimiento, pruebas de entorno y seguridad y pruebas de disponibilidad de datos”, explicó.
La Gestora Pública fue creada en 2015, mediante Decreto Supremo 2248 del 14 de abril de 2015. Su primera misión era conseguir una herramienta tecnológica que compatibilice los datos de todos los aportantes de las AFP que están almacenados en las bases de datos de BBVA y Futuro de Bolivia, las dos empresas que administras los recursos del SIP.
En 2016, el entonces viceministro de Pensiones, Mario Guillén, admitió que había una demora porque no se adquirió el software para comenzar la migración de datos.
“Una vez que se adquiera el software es cuando recién vamos a poder hacer la migración. Todavía no se hizo. Estamos todavía en ese proceso y una vez que tengamos el software vamos a poder cuantificar los tiempos de estas migraciones”, dijo esa vez Guillén, según declaraciones de prensa de la época.
Según las investigaciones realizadas por el Gobierno de transición; en 2017 y 2019 se firmaron dos contratos para la adquisición de un software.
El primer contrato se suscribió con la panameña Sysde Internacional Inc. en 2017 por $us 5,1 millones. Tras rescindir el convenio por incumplimiento, se refrendó uno nuevo con la colombiana Heinsohn Business Technology, el 23 de octubre de 2019, por un monto de $us 10,9 millones. Pero todo fue anulado por irregularidades.
El especialista en pensiones, Alberto Bonadona, culpó de esta situación a la ineficiencia y dice que ahora amerita que se desarrolle una nueva herramienta que ayude a los aportantes.
Fuente: El Deber
