Informan que ya se vendieron algunos activos cuyo monto servirá de adelanto. Acuerdo con trabajadores tiene 10 puntos. La Fiscalía abrió otra investigación y la justicia mantiene la detención preventiva para exejecutivos.
La venta de activos, como cajeros automáticos y ocho inmuebles, se encuentra contemplada para el pago de sueldos y finiquitos de los extrabajadores de Banco Fassil en intervención. Hay un acuerdo de 10 puntos firmado por la dirigencia de los exfuncionarios de la entidad bancaria y el interventor, Luis Gonzalo Araoz.
“La plata se está consiguiendo de acuerdo a la venta de los activos como cajeros automáticos y también hay propuestas de venta de ocho inmuebles. Con todo eso se proyecta pagar los sueldos y los beneficios sociales”, indicó Juan Carlos Alarcón, representante de los trabajadores de Banco Fassil.
También recordó que en una de las últimas reuniones con el interventor se habló de que se necesitan poco más de 31 millones de dólares para pagar la planilla de casi 5.000 trabajadores.
Según uno de los puntos del acuerdo, al que tuvo acceso EL DEBER, el pago a los trabajadores comenzará el lunes 26 de junio y se dispone cuatro cuotas para cubrir todos los beneficios sociales pendientes. Los mismos incluyen desahucio, indemnización por tiempo de trabajo, aguinaldos y vacaciones, según corresponda.
El acuerdo también señala que a partir del jueves 22, y hasta que finalice junio, se priorizará a la población más vulnerable con el pago total de beneficios sociales que lleguen hasta los Bs 21.000.
También se acordó realizar un anticipo de liquidación, que equivale a 35 días de haberes que constará en el retroactivo de ley en fecha 20 de junio. Con el saldo se realizará un primer pago a prorrata entre todos los trabajadores que tengan liquidaciones superiores a Bs 20.000, desde el lunes 26.
Otro de los puntos del acuerdo indica que del grupo de funcionarios que renunciaron después del 31 de mayo, se invalidarán sus cartas de retiro voluntario e ingresarán en el grupo de los trabajadores que recibirán beneficios sociales.
En el punto 10, para los trabajadores con capacidades diferentes y tutores de discapacitados se gestionará su reubicación en otras empresas o en su defecto se evaluará otra modalidad.
Sobre el acuerdo, Araoz lo calificó como “satisfactorio”, pero reconoció que fue una “negociación difícil y con tensiones” durante toda la semana pasada. También lamentó las informaciones difundidas por redes sociales, que han interferido en el diálogo con los trabajadores.
Dos investigaciones
El Ministerio Público amplió su investigación contra el expresidente ejecutivo, Juan Ricardo M. O. por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas. También se investiga a seis empresas subsidiarias de la entidad financiera.
Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen Interior y Policía, fue quien confirmó estas dos investigaciones que indaga los créditos millonarios otorgados de manera irregular y también conocer los pormenores de los préstamos que recibieron las subsidiarias.
“Son dos investigaciones que están realizando de manera paralela, una de ellas es por la denuncia formulada por la Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero (ASFI), en la cual se encuentran seis personas sometidas a la justicia, entre ellas están las primeras cuatro aprehendidas por otorgar créditos ‘over limit’ a personas que no tenían las posibilidades de devolver el pago”, explicó.
Según la segunda denuncia, el expresidente de Fassil representaba legalmente a Financial Group S.A y usó esta empresa para desviar más de $us 13 millones de la entidad financiera que hoy está intervenida por la ASFI.
“La otra investigación realizada por parte de la Fiscalía anticorrupción está vinculada a la creación de otras compañías, por los menos seis, que estaban estrechamente vinculadas a Fassil, entendiendo así que había créditos vinculados”, detalló Aguilera.
Ayer, la Justicia determinó mantener la detención preventiva por 90 días contra cuatro ejecutivos del intervenido Banco Fassil.
El fiscal encargado del caso, Julio César Porras, adelantó que apelará esta decisión con el objetivo de solicitar una ampliación de la medida.
Fuente: El Deber
