Bolivia no tiene acuerdos bilaterales para evitar la venta de gasolina nacional en otros países

El Gobierno puso en vigencia los decretos 4910 y 4911 para intentar frenar el contrabando de combustible. Foto: ANH.

El contrabando cobró notoriedad debido a la crisis de divisas que hay en el país y las ingentes cantidades de gasolina, diésel y gas que salen hacia Perú, explicó el analista Álvaro Ríos.

Ronald Huanca, diputado de Comunidad Ciudadana (CC) y miembro del Comité de Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, aseguró que, tras una revisión exhaustiva, el país no tiene acuerdos bilaterales para que los países vecinos controlen la venta de carburantes que son internados desde territorio boliviano de manera ilegal.

El 12 de abril, el Gobierno puso en vigencia los decretos 4910 y 4911 para intentar frenar el contrabando de combustible subvencionado en las fronteras. Desde entonces, se ensayaron distintas estrategias, como mayor control de parte de militares; colocar GPS a los camiones cisterna, pintar de otro color la gasolina en fronteras, entre otras medidas; sin embargo, los medios de comunicación constataron una intensa salida de hidrocarburos en las fronteras a plena luz del día y ante la vista de autoridades.

En redes sociales se viralizó un video en el que un hombre se jacta de comprar gasolina boliviana en Perú y resalta el precio diferenciado.

“Nos despedimos de este lugar, pero sin antes echar gasolina boliviana. Así es. La gasolina boliviana está más barata el galón está 16 soles. Así que le echamos a la moto un galoncito para llegar a Tacna”, dice el hombre en su página de Facebook “Andree y kafe viajeros”.

El diputado Huanca afirmó que, la semana pasada, la Comisión de Hidrocarburos aprobó una modificación a la Ley de Hidrocarburos, referida a la venta de combustibles a extranjeros, la misma que fue enviada al pleno de la Cámara de Diputados. Al margen de ese proyecto de ley, el legislador resaltó que no existe ningún instrumento legal o acuerdo bilateral para el control de venta de hidrocarburos subvencionado por Bolivia en otros países.

“No hay ningún acuerdo, estábamos revisando documentación por este proyecto y no hay acuerdo (con algún país). Lo que sí hay es que en cada frontera se hace el control, tanto en

la importación y exportación”, dijo el legislador opositor.

Las fronteras con Perú y Brasil se volvieron las más frecuentadas por los contrabandistas de gasolina, diésel y gas licuado. Desaguadero es la población más utilizada, aunque Kasani, en Copacabana, ya empezó a cobrar notoriedad; sin embargo, el lago Titicaca es otra de las vías que utilizan los comerciantes ilegales.

Un informe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) del Perú, realizado en diciembre de 2022, describió que el cierre de fronteras en 2021, a causa de la pandemia del coronavirus, redujo el contrabando en la zona de Desaguadero; pero no así en la zona norte de Puno, debido a que las mercancías ilegales continuaron ingresando por pasos fronterizos no habilitados.

“Las mercancías de contrabando que provienen en su gran mayoría de la ZOFRI suelen ser bienes manufacturados. Por el contrario, el contrabando de bienes de origen boliviano se concentra en alimentos y combustibles”, señala ese reporte peruano.

“El contrabando al por mayor o menor, como podemos ver en imágenes, viene sucediendo hace mucho. Es buen negocio para algunas personas, pues compran el combustible barato y sacarlo al otro lado de los países vecinos les da grandes réditos. Entonces, mientras exista el negocio, con control y todo pude disminuir, pero de ninguna manera lo vamos a poder frenar”, aseguró a la ANF el analista en temas de hidrocarburos Álvaro Ríos.

El experto sostuvo que el control al contrabando de combustibles no les interesa a las autoridades del otro lado de las fronteras, ya sean peruanas o brasileras, porque no afecta a su economía; incluso si hubiera un acuerdo, no sería una prioridad la atención a ese ilícito.

El sábado, una turba impidió el control de venta de combustibles en la fronteriza población de Guayaramerín y atacó a dos funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y a un equipo de prensa. El Gobierno decidió enviar un contingente de 80 policías a ese municipio de Beni.

Fuente: Página Siete

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