La plataforma petrolera Xikin tuvo un invitado de honor poco antes de navidades. Enfundado en un uniforme amarillo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador subió al puesto de control de esta infraestructura marítima, ubicada a 30 kilómetros de la costa de Tabasco, y empezó a hablar de uno de sus temas favoritos: el “rescate” de Pemex, la petrolera estatal, para apoyar la “soberanía energética”.
“[Antes] no les importaba sacar petróleo, lo que les importaba era la entrega de los contratos”, dijo. Todo un dardo a la reforma de la anterior Administración que abrió el sector a la participación privada. Mientras el Gobierno ha descartado la licitación de más campos petroleros en 2020, empresas y analistas alertan del impacto negativo que puede tener sobre las metas de producción.
El éxito o fracaso de este Gobierno se medirá en barriles, si se atiene a la importancia que el presidente le da al sector en sus discursos. La Administración se ha propuesto alcanzar la meta de 2.4 millones de barriles diarios al final del sexenio en 2024, un aumento sustancial respecto a los 1.7 millones actuales. Para conseguirlo, quiere fortalecer Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, con más inversión y ambiciosos planes de exploración. En 2019, por ejemplo, el Gobierno invirtió un 41% más en la empresa paraestatal que en el último año del exmandatario Enrique Peña Nieto, según la Secretaría de Energía.
Pese a estos esfuerzos, los expertos consultados dudan de que sea suficiente para alcanzar los objetivos de producción sin la ayuda del sector privado. De los 28 pozos programados para 2019, la petrolera solo pudo perforar tres y de los 2.018 millones de dólares disponibles en 2019, solo invirtió 441 millones, según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el organismo autónomo encargado de regular el sector. Además, en diciembre Pemex recortó su meta en 55.000 barriles respecto a lo previsto unos meses antes.
El comisionado de la CNH Sergio Pimentel ve “prácticamente imposible” llegar a la meta. “Pemex no puede hacerlo todo sola”, afirma. “No ha podido invertir lo que está comprometido en las asignaciones y tampoco ha podido llevar a cabo las perforaciones a las que estaba comprometida”. El consultor Severo López Mestre coincide en la limitada capacidad de inversión. “Para aumentar la producción tienes que poner todos los juguetes a la vez”, explica.
Uno de esos juguetes empezó a temblar a los pocos días de tomar posesión la nueva Administración en diciembre de 2018. El Gobierno anunció la cancelación de las rondas petroleras, el sistema por el que se han licitado 111 proyectos de exploración y perforación a empresas mexicanas e internacionales desde 2015. Además, se frenó la licitación de siete farmouts, como se conoce a las asociaciones entre Pemex y privados para operar un campo petrolero.
Aunque los empresarios tenían la esperanza de retomar ese camino en 2020, la semana pasada López Obrador lo descartó de forma contundente: “¡Cómo vamos a convocar a nuevas rondas! No tiene sentido. Esto no es un asunto político, ideológico, es juicio práctico. ¿Para qué quieren contratos si no invierten?”. El Gobierno ha insistido en que respetará lo ya firmado y que la reforma energética de su predecesor no se va a cancelar. Sin embargo, al suspender las rondas petroleras la ha ido vaciando de contenido.
Para justificar la permanencia del veto, el presidente mantiene que la inversión privada es escasa y que los objetivos de producción no se han logrado. “Están incumpliendo con las condiciones de los contratos”, alertó. Las cifras, por ahora, son marginales si se las compara con las de la petrolera estatal. Solo 29 de los 111 contratos están produciendo; el resto se encuentran en fase de exploración.
Desde 2015, la iniciativa privada ha invertido 2.700 millones de dólares en actividades petroleras según la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), y se han alcanzado los 47.000 barriles diarios a finales de 2019, un volumen modesto pero superior a los 10.000 que les asignó recientemente López Obrador. El sector cita datos de la CNH que cubren contratos operados tanto enteramente por privados como en colaboración con Pemex, en el caso de los farmouts.
Frente a los argumentos del Gobierno, la iniciativa privada afirma que el lento arranque se justifica por la complejidad del sector y que la intención es llegar a los 280.000 barriles diarios en 2024, una meta todavía lejana. “Es una industria a largo plazo. La maduración de los pozos puede tardar entre cinco y 10 años, pero hay suficientes contratos para ver números muy interesantes”, sostiene el consultor Severo López Mestre. Hasta ahora, las empresas o han cumplido con los mínimos establecidos por contrato o están dentro de los plazos para hacerlo, según la CNH.
La excepción es el consorcio liderado por Canamex Dutch. La empresa holandesa-mexicana renunció en 2017 al campo que le había sido adjudicado porque la regalía que habían ofrecido al Estado en el momento de la presentación de ofertas – un 86%- hacía inviable la inversión. Tuvo que pagar una multa de casi dos millones de dólares.
Pese al cumplimiento mayoritario, hay diferencias de opinión sobre si el sector privado está limitándose a hacer lo mínimo para evitar rescisiones de contrato. El director general de la Amexhi, Merlin Cochran, asegura que las empresas están buscando sacarle el mayor partido posible a los campos adjudicados. En cambio, el consultor David Shields, director de Energía a Debate, afirma que las empresas “no van rápido, van a la mínima” ante el clima de “hostilidad”. Los dardos más frecuentes del presidente van dirigidos a las empresas extranjeras ganadoras de licitaciones, que incluyen a gigantes del sector como Shell o BP y representan la mitad del total de adjudicatarias.
Más allá de los barriles producidos, la industria destaca su contribución a las arcas del Estado y de una petrolera estatal en una situación financiera muy delicada. Desde 2015, se han transferido 1.900 millones de dólares al Fondo Mexicano del Petróleo, un fondo soberano que maneja los ingresos petroleros, y 1.671 millones de dólares a Pemex por participar en los farmouts, según Amexhi. La CNH estima que el Estado se quedará con un promedio del 74% de los beneficios potenciales de los proyectos, un porcentaje que está dentro de los parámetros internacionales.
Zama: un yacimiento, dos dueños
El enorme yacimiento de Zama es otro ejemplo de la tensión latente entre Gobierno y privados. Descubierto por la estadounidense Talos Energy tras ganar uno de los contratos de la primera ronda petrolera, se le considera uno de los campos más jugosos de la historia del país. Está situado a baja profundidad y tiene un potencial de más de 1.000 millones de barriles. Como el yacimiento se extiende a una zona asignada a Pemex, ambas partes están negociando la unificación de las áreas y quién de las dos será el operador. Para eso, la petrolera estatal todavía tiene que evaluar las reservas que quedan en su sección del yacimiento, algo que Talos ya ha hecho.
En este contexto, Pemex informó recientemente a la CNH de que iba a dar prioridad a otro pozo, no al que tiene pendiente de perforar en Zama, por lo que la unificación del yacimiento puede sufrir retrasos. El órgano regulador pidió este martes explicaciones a la petrolera sobre el cambio de estrategia. “Nos llama la atención. Es un pozo que está mucho más lejos. ¿Por qué están perforando allí?”, se pregunta el comisionado Sergio Pimentel. Según el consultor David Shields es una muestra de que Pemex no quiere cooperar. “No le da prioridad a un proyecto donde tiene que compartir con un privado”, sostiene.
La tensión se vive también dentro del gabinete. Allí conviven dos almas; una estatista, representada por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y otra más favorable a los intereses privados, encarnada por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Este empresario, considerado el poder en la sombra de la Administración, declaró en marzo pasado que en seis meses el Gobierno revisaría la cancelación de las rondas y dio esperanzas al sector. Sin embargo, hasta ahora el primer bando ha llevado la batuta con la bendición del presidente. A la espera de que el viento cambie de dirección, Merlin Cochran, de Amexhi, tiende puentes y pide paciencia. “Queremos rondas”, dice, “pero por lo pronto tenemos que trabajar para que los proyectos lleguen a buen puerto”.
