El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) destaca que las nuevas medidas de control redujeron hasta en 16% los volúmenes de combustible que se vendían en frontera y áreas de riesgo.
El 13 de abril, el Gobierno lanzó la Política Nacional de Control y Lucha Contra el Contrabando, que incluye acciones efectivas para garantizar la transparencia, luchar contra la corrupción y el contrabando, y resguardar la seguridad energética del país. En el marco de esta política, se aprobó el Decreto 4910, que fortalece los mecanismos de regulación, control, supervisión y fiscalización en la comercialización de gasolinas y diésel. Germán Jiménez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se refiere a la aplicación de esta norma.
¿De qué manera ejecutaba la ANH la lucha contra el contrabando de combustibles antes de esta nueva política y la aprobación del Decreto 4910?
Entre los años 2006 a 2008 se han generado bastantes normativas, las cuales eran dispersas, no tenían medidas efectivas en el tema de control de carburantes, lo que ha causado el incremento del contrabando. Incluso muchos sectores han visto en esta actividad una manera de vida, especialmente en las fronteras. A esto ha aportado el que Bolivia sea un país mediterráneo, vulnerable a las modificaciones de precios en los países vecinos, como en Paraguay, que quitó la subvención el 2022.
Las medidas de control generadas desde la ANH en estos años sí han tratado de combatir la especulación y el contrabando, pero no de una manera efectiva. El modelo regulatorio que se presenta ahora tiene nuevos propósitos, ya de manera preventiva para la lucha frontal contra el contrabando.
Entonces, la ANH pudo actualizar todas estas normativas que se orientaban específicamente al control de saldos, autorizaciones de control y volúmenes despachados, pero que también permitían cargar hasta 120 litros de combustible de manera diaria. Entonces, no había límites para frenar el desangre de los combustibles por actividades ilícitas, que se han convertido en algo recurrente en los últimos años en el país. Esto ha generado que nosotros modifiquemos las políticas de Estado ya de manera efectiva y preventiva, no reactiva como antes.
¿Cuáles son las principales disposiciones del Decreto Supremo 4910 que está pendientes de reglamentación?
Todo lo relacionado con el Decreto 4910 ya tiene su reglamentación correspondiente, como el reglamento de registro y comercialización a usuarios directos, el de características del GPS y registro de cisternas para el transporte de gasolina y diésel, el de colorantes en los combustibles en zonas fronterizas y áreas de riesgo, y el del centro de información de compra y venta. Este último está directamente vinculado a la comercialización en estaciones de servicio y puestos de venta. Las condiciones técnicas de comercialización de combustibles están ya vigentes en toda su plenitud.
La limitación a compras de hasta 120 litros por mes, la venta solo a mayores de edad, el GPS en las cisternas, la eliminación del NIT cero y otras medidas preventivas que hemos implementado tienen la finalidad de generar este 2023 un ahorro de $us 250 millones al Estad. Además, hemos ejecutado acciones importantes en el marco de las competencias que nos da este decreto. Más de 1.200 operativos, 397.000 litros incautados, 97 personas aprehendidas y 786 unidades incautadas, entre vehículos, cisternas, instrumentos, galones y garrafas.
Desde 2012, el B-Sisa se ha convertido en un aliado clave para el control en la venta de combustibles. ¿Por qué antes de 2023 no se realizó con este sistema el control que hoy se observa en los surtidores?
Como manifesté, todo viene vinculado con el tema normativo, y el tema normativo era disperso. No había límites, rango ni periodicidad que permitan que el sistema pueda trabajar. Este vacío se ha cerrado con el Decreto 4910. Además, conjuntamente con la Dirección de Sustancias Controladas se está avanzando en un sistema de interoperabilidad, que lo más importante que va a generar es mayor disponibilidad de carburantes para nuestra población
¿En qué grado ha bajado la demanda de combustibles producto de este control?
Hay una reducción de 5,8 millones de litros en la venta en estaciones de servicio ubicadas en áreas de riesgo y frontera.
¿Qué porcentaje representa ese volumen del total que se vendía en esas áreas?
Estamos hablando de entre un 15 y 16%, una reducción importante con relación a 2022 gracias al despliegue de personal de la ANH y de las Fuerzas Armadas.
Una de las medidas contempladas en el Decreto 4910 es la instalación de dispositivos GPS en camiones cisterna que transportan combustible. ¿Cómo avanza este proceso?
A través de la Resolución 10/2023 se ha emitido el Reglamento de Características de GPS, esa norma ya está vigente. Ya tenemos los procedimientos de registro para los cisterneros. En este momento, aún continuamos con la socialización del reglamento a los sindicatos de cisterneros, Asosur y población en general. Ya está nuestro centro de compra y venta, donde se va a hacer el monitoreo correspondiente de los GPS. Todas las cisternas del país tienen que contar con GPS -así lo dice el Decreto 491-, y la ANH va a realizar el monitoreo de esa carga. Tenemos un plazo prudente para la implementación de estos dispositivos, pero a la fecha ya tenemos 170 cisternas que están siendo monitoreadas en áreas de riesgo y frontera.
¿Cuál es el plazo para que todas las cisternas del país cuenten con esta tecnología?
Hasta el 12 de julio. A partir de eso, los cisterneros tienen que contar con los GPS en las cisternas y vamos a tener un mejor control del despliegue de las cisternas desde la planta de almacenaje hasta las estaciones de servicio
¿Quién corre con los costos de instalación y mantenimiento de los dispositivos GPS?
La ANH corre con todo el sistema de datos, por eso hemos creado el sistema de centro de información de compra y venta, y las empresas cisterneras deberían instalarse sus GPS, pero todo el costo está yendo por parte de la institución en la parte de monitoreo y los datos correspondientes que se van actualizando mensualmente.
Fuente: El Deber
