Sin precisar el nombre de esa empresa, Casso dijo que BoA requirió sus servicios para soportar la carencia de pilotos de la aerolínea estatal, contratación que pasó por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
“No se han contratado pilotos individualmente, se ha contratado una empresa que ha mandado pilotos a requerimiento, los pilotos han venido temporalmente a Bolivia a dar instrucción y hacer operaciones y dependen de su empresa en Estados Unidos, es esa empresa la responsable por su entrenamiento y la seguridad social y todo lo demás”, dijo a los periodistas.
Aclaró que BoA “contrató un servicio de provisión de pilotos y que las instancias internas de la empresa se encargaron de hacer verificaciones y es en Miami donde se han hechos los respectivos pagos”.
Casso aclaró que se presentó “voluntariamente” ante la Fiscalía, “para dar mis referencias y luego para expresar mi predisposición para aclarar absolutamente cualquier duda que pueda haber sobre el manejo de la empresa”.
Respecto a las acusaciones de que esa acción hubiese significado una pérdida al Estado por mas cinco millones de dólares, Casso, aseguró que esa cifra “nunca apareció en los documentos” que le fueron mostrados en la Fiscalía.
“Primero hemos verificado esa denuncia y no existe ese monto, entonces es un tema verbal o meramente mediático, porque en la denuncia no existe ese monto, y menos una demostración de dónde ese supuesto monto”, agregó.
Lo único que hay, es un cuestionamiento de una contratación fuera de las normas bolivianas y eso es lógico, porque el contrato fue realizado en Estados Unidos, con leyes de ese país.
