“De esta manera, considerando los ejemplos citados ut supra, es evidente que existe un doble estándar en la concesión de las medidas cautelares por parte la Comisión IDH, situación que llama la atención al Estado boliviano y le causa preocupación, debido a que se le denota cierta discrecionalidad y un tratamiento diferencial en relación a otros trámites”, apunta el documento.

Explica que, en el actual gobierno de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, la CIDH envió al Estado Boliviano cinco solicitudes de medidas cautelares desde diciembre de 2019, de las cuales a tres se atendieron otorgando medidas de protección desde la CIDH.

En relación a las solicitudes de medidas cautelares enviadas a la CIDH, durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), asegura que “del extracto histórico obtenido de la misma página web, se tiene que entre los años 2006 a 2018 este organismo interamericano ha recibido aproximadamente 115 solicitudes de medidas cautelares, de las cuales, a Bolivia, solo le fueron transmitidas seis y finalmente fueron otorgadas solamente tres”.

La Procuraduría de Estado califica como sesgada la posición de la CIDH porque “no se halla ninguna otra explicación que, durante el Gobierno de Morales, no se haya dado la misma celeridad a la solicitud de medidas cautelares”.