La indignación dio paso al “olvido y la impunidad”, denuncian familiares y abogados al cumplirse este fin de semana diez años de la masacre en México de 72 migrantes, en su mayoría latinoamericanos, que intentaban llegar a Estados Unidos.
Hay 15 detenidos, pero ninguno con sentencia por esta matanza ejecutada por narcotraficantes entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en el municipio de San Fernando (estado Tamaulipas, noreste).
“Verdaderamente es indignante que ni uno solo tenga condena porque ya son diez años sin justicia”, comentó vía telefónica desde Honduras Johni Hernández, hermano de Eva Noemí.
La mujer se había sumado a la peligrosa travesía hacia Estados Unidos para garantizarles un mejor futuro a sus tres hijos que entonces tenían uno, cinco y siete años.
Pero fue encontrada en un rancho-bodega entre una pila de cadáveres baleados, algunos con las manos atadas.
“Lo que puede resumir el estatus del caso es la impunidad, desdén y falta de voluntad política”, dijo a la AFP la abogada Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, que representa a 11 de las familias de las personas asesinadas.
Irregularidades
Según la versión oficial, el crimen ocurrió a menos de 150 km de la frontera con Estados Unidos, destino final de los 58 hombres y 14 mujeres originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil e India.
Nueve cadáveres permanecen en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México aún sin identificar.
“No han investigado como deberían, hay mucha gente que está detrás de todo esto y anda suelta como si nada”, condena Hernández.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, los migrantes fueron secuestrados por el cartel de Los Zetas y llevados a un rancho donde se les quiso obligar a trabajar para el grupo, pero al negarse los mataron.
Al menos dos personas sobrevivieron, entre ellas un ecuatoriano que fue herido de bala en la mandíbula y fingió estar muerto para que no lo remataran.
Cuando los verdugos se fueron corrió unos 10 km hasta una base de la secretaría de Marina y dio aviso de lo ocurrido.
Camino de obstáculos
Algunos familiares sospechan que en la masacre pudieron haber participado miembros de organismos de seguridad ligados a los criminales.
De hecho, el cartel de Los Zetas -acusado también de tráfico de personas entre muchos delitos- fue conformado en sus inicios por antiguos militares.
“Ni las familias ni nosotros creemos que sólo fueron Los Zetas”, afirma Delgadillo, para quien una década después hay “más preguntas que respuestas”.
“¿Por qué no se ha investigado la probable participación o colusión de agentes del Estado y el crimen organizado? ¿Por qué no se ha investigado el tráfico y trata de personas? ¿Por qué no se ha investigado la línea financiera del crimen organizado?”, apunta la abogada.
Delgadillo ha representado a las once familias desde hace nueve años, pero recién hace tres logró tener acceso a los expedientes.
“Ha sido un camino para las víctimas marcado de obstáculos para que no puedan saber lo que pasó”, denuncia.
Cinco familias guatemaltecas y una brasileña que recibieron restos de sus seres queridos han expresado dudas sobre su identidad.
“Hay desdén de las autoridades por estas familias pobres y excluidas”, subraya Delgadillo.
Cuando la Fiscalía federal trasladó varios de los cadáveres a Ciudad de México para su identificación, el chofer del tráiler -que carecía de aire acondicionado- se vio involucrado en un accidente y los cuerpos sufrieron mayor deterioro, refieren los apoderados.
AFP.
