La defensa de los padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en 2014 respaldó este viernes la nueva investigación impulsada por el gobierno, tras la reciente identificación de restos de una segunda víctima.
“El solo hecho de que se identifique un resto perteneciente a otro normalista en otro lugar muestra cómo mintieron en la anterior administración para cerrar este caso”, dijo a la prensa Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, que apoya el proceso legal de los familiares.
La Fiscalía de México anunció el pasado martes la identificación de restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los desaparecidos. En diciembre de 2014 había sido identificado Alexander Mora Venancio.
Los restos de Rodríguez Telumbre fueron hallados en un punto conocido como la Barranca de la Carnicería, en la localidad de Cocula, a unos 800 metros del basurero donde -según la “verdad histórica” del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto- delincuentes incineraron los cadáveres de los jóvenes.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres, aseguró que con la “verdad histórica” se “perdieron” cuatro años para dar con el paradero de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (estado Guerrero, sur).
Sin embargo, dijo que tras reunirse este viernes con el presidente Andrés Manuel López Obrador “hay una esperanza de los padres en que hay disposición de este gobierno de buscar a sus hijos”.
En las nuevas pesquisas también participa un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que retomó su labor en mayo.
Más temprano, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que Tomás Zerón, quien fuera uno de los investigadores del caso, está prófugo en Canadá y las autoridades ya trabajan en su detención y extradición.
Zerón era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la antigua Procuraduría General -hoy Fiscalía- cuando ocurrió el hecho.
Los 43 jóvenes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la localidad de Iguala, Guerrero.
Esa noche, decenas de estudiantes se movilizaron para hacerse con autobuses que querían usar en unas manifestaciones.
Pero fueron detenidos por policías coludidos con integrantes del crimen organizado. La versión de la administración pasada sostenía que el cartel Guerreros Unidos había desparecido a los estudiantes tras confundirlos con integrantes de un grupo rival.
AFP
