Cinco agentes chinos fueron detenidos en Estados Unidos por su papel en una operación de persecución a opositores al gobierno chino, anunciaron el miércoles funcionarios estadounidenses.
El secretario de Justicia adjunto, John Demers, dijo que se habían presentado cargos contra ocho personas involucradas en una “operación ilegal de aplicación de la ley china conocida como Fox Hunt”, o cacería de zorros, en Estados Unidos.
Demers dijo que la operación fue descrita por China como “una campaña anticorrupción, en la que busca ubicar a fugitivos legítimos en todo el mundo y llevarlos a China para enfrentar cargos criminales genuinos”.
Pero “en muchos casos los perseguidos son opositores del presidente del Partido Comunista, Xi (Jinping): rivales políticos, disidentes y críticos”.
Según Demers, los “escuadrones de repatriación” chinos habían ingresado a Estados Unidos para “localizar a los presuntos fugitivos y desplegar intimidación y otras tácticas para obligarlos a regresar a China, donde enfrentarían cierto encarcelamiento o algo peor después de juicios ilegítimos”.
“En cualquier caso, la operación es una clara violación del estado de derecho y las normas internacionales”, dijo Demers en una conferencia de prensa.
Cinco agentes chinos fueron arrestados en Estados Unidos el miércoles, y se cree que los otros tres están en China, precisó.
El anuncio del Departamento de Justicia se produce en un momento de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China por la pandemia de coronavirus, por la que el presidente Donald Trump ha culpado repetidamente a Pekín.
Los detenidos enfrentan cargos de “conspiración para actuar en los Estados Unidos como agentes ilegales de la República Popular China”.
Tres de los acusados: Zhu Yong, de 64 años, ciudadano chino y residente permanente de Estados Unidos; Hongru Jin, estadounidense naturalizado de 30 años; y Michael McMahon, estadounidense de 53 años y detective privado con licencia, fueron arrestados en Nueva York y Nueva Jersey.
Los otros dos, Rong Jing, de 38 años, ciudadano chino y residente permanente de Estados Unidos, y Zheng Congying, de 24 años, ciudadano chino y residente permanente de Estados Unidos, fueron arrestados en California.
Los otros tres son Zhu Feng, 33; Hu Ji, de 45 años; y Li Minjun, de 64 años, que siguen prófugos y se cree que se encuentran en China, dijo el Departamento de Justicia.
Amenaza y persecución
De su lado, el director del FBI, Christopher Wray, señaló: “Los descarados intentos del gobierno chino de vigilar, amenazar y acosar a nuestros propios ciudadanos y residentes permanentes legales mientras están en suelo estadounidense son parte de la diversa campaña de robo e influencia maligna de China en nuestro país y en todo el mundo”.
Según Wray, los ataques contra ciudadanos chinos considerados amenazas para el régimen no se limitaban a Estados Unidos, sino que también estaban ocurriendo en otros países.
“Estas no son las acciones que esperaríamos de un Estado-nación responsable”, dijo. “En cambio, son más como algo que esperaríamos de un sindicato delictivo organizado”.
El Departamento de Justicia no identificó a las personas afectadas, pero proporcionó detalles de algunos de los métodos utilizados en su contra.
Un caso involucró a un hombre identificado como “John Doe-1”, un residente de Nueva Jersey acusado por China de abuso del poder del gobierno y aceptación de sobornos.
El Departamento de Justicia dijo que los agentes chinos utilizaron una visita a Estados Unidos del anciano padre de “John Doe-1” en un intento de persuadirlo a él y a su familia de que regresaran a China.
También realizaron vigilancia y hostigamiento en línea de la hija adulta de este individuo, como parte de una campaña para presionarlo.
En septiembre de 2018, dijo el departamento de Justicia, se colocó una nota con una amenaza en la puerta de la residencia del hombre que decía: “Si está dispuesto a regresar a tierra firme y pasar 10 años en prisión, su esposa e hijos estarán bien. ¡Ese es el final de este asunto!”.
Los cargos de conspiración para actuar como agente de China conllevan una sentencia máxima de cinco años de prisión.
AFP.
