Castillo Terrones se encuentra en las instalaciones acompañado de Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros, en la sede policial en el Cercado de Lima.
Pedro Castillo fue detenido por las autoridades luego que disolviera el Congreso de la República este miércoles 7 de diciembre. El sindicado como líder de una organización criminal desde Palacio de Gobierno fue abordado en la vía pública y trasladado a la Prefectura ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima.
El procurador del Estado, Daniel Soria, ya presentó una denuncia penal en contra de Castillo por la medida inconstitucional adoptada. Este anunció el cierre del Parlamento durante un mensaje a la Nación en una clara situación de autogolpe.
Mientras esto sucedía, el Legislativo votaba en una sesión extraordinaria, y sin debate, la vacancia presidencial, una moción de censura contra el presidente Pedro Castillo por incapacidad moral, poco después de que este anunciara la disolución de la cámara y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.
El parlamentario peruano Edward Málaga presentó el pasado 29 de noviembre una tercera moción de censura contra el presidente Castillo, que finalmente ha sido aprobada este miércoles por el Congreso con 101 votos a favor de los 87 que necesitaba. De los 130 diputados a penas unos pocos de Perú Libre han votado en contra, ha informado la emisora peruana RPP.
Tras la votación, la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, asumirá la presidencia, tal y como aparece reflejado en la Constitución.
Horas antes, Castillo ha anunciado durante un discurso a la nación la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas. En consecuencia, se han sucedido una cascada de dimisiones dentro de su Ejecutivo.
Entre los que han dimitido se encuentran los ministros de Trabajo, Alejandro Salas; de Educación, Rosendo Serna; y de Asuntos Exteriores, César Landa, quien ha acusado a Castillo de haber “violado” la Constitución cerrando el Congreso.
Castillo Terrones, acusado de sedición,estaba acompañado de uno de sus escoltas. Fuentes periodísticas indican que este acudía a la Prefectura para pedir garantías para su vida.
Las Fuerzas Armadas, así como distintas instituciones estatales (Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, entre otros) no respaldaron las medidas anunciadas por el vacado Jefe de Estado.
Fuente: EuropaPress/Infobae
