La exguerrilla FARC reconoció públicamente este sábado que perpetró varios de los crímenes que han estremecido a Colombia, entre ellos el magnicidio del excandidato presidencial y periodista Álvaro Gómez, ocurrido en Bogotá en 1995.
En un comunicado, la justicia de paz, que investiga los peores delitos cometidos durante el conflicto colombiano informó que recibió una carta de los antiguos rebeldes en la que ofrecen “aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad” en seis sonados casos.
Entre ellos el homicidio de Gómez y los asesinatos del general retirado del ejército Fernando Landázabal en 1998; del exconsejero de paz Jesús Antonio Bejarano en 1999 y del diputado anticomunista Pablo Emilio Guarín en 1987.
También admitieron su responsabilidad en los crímenes de José Fedor Rey (2002) y Hernando Pizarro (1995), quienes comandaron una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ambos estuvieron implicados en la masacre de Tacueyó, en la que murieron decenas de guerrilleros que fueron torturados antes para que confesaran su supuesta traición a la lucha rebelde. A raíz de ello, Fedor Rey, también conocido como Javier Delgado, fue apodado como el “Monstruo de los Andes”.
La que fuera la guerrilla más poderosa de América firmó la paz en 2016, dejó las armas y aceptó someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a cambio de poder ejercer la política como partido y confesar sus crímenes y reparar a las víctimas.
Los máximos responsables que cumplan con esos compromisos recibirán penas alternativas a la prisión. Si incumplen se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.
Sorpresiva culpabilidad
El anuncio de la exguerrilla sobre el magnicidio de Gómez causó sorpresa en un país que por muchos años creyó detrás del ataque contra uno de los principales dirigentes conservadores del siglo XX, estuvieron políticos rivales aliados con militares y narcotraficantes.
En una declaración pública, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como pasó a llamarse las FARC, pidió perdón por lo que consideró un “error”.
“A pocos días de cumplirse 25 años de este asesinato, (…) reconocemos ante la familia de Gómez Hurtado, el país y el mundo que somos responsables de este hecho”, dijeron los mandos de la otrora guerrilla, que se comprometieron a explicar el porqué consideraron a Álvaro Gómez un “objetivo militar” y también las razones para haber callado “este hecho todos estos años”.
Gómez, quien también ejerció el periodismo e instigó en su época como congresista, en los años sesenta, los ataques contra la naciente rebelión comunista, cayó baleado a manos de sicarios a la salida de la universidad donde dictaba clase, en el norte de Bogotá.
En 2019 la justicia declaró el caso como “crimen de lesa humanidad” para evitar que prescribiera la investigación sobre el magnicidio.
El jueves la exsenadora y conocida mediadora de paz Piedad Córdoba lanzó una advertencia en torno al asesinato del excandidato conservador.
Córdoba, quien participó activamente en el proceso de paz con las FARC, anticipó que sabía quiénes habían matado a Álvaro Gómez y ofreció dar su versión ante la Comisión de la Verdad, un órgano extrajudicial que fue creado como parte de los acuerdos de paz con los rebeldes.
La exguerrilla se anticipó a la revelación en una carta que le envió a la JEP el 30 de septiembre, y que fue suscrita por los excomandantes rebeldes Pastor Alape, Julián Gallo y Pablo Catatumbo, estos dos últimos senadores por cuenta de los acuerdos de 2016 que terminaron con un conflicto de casi seis décadas.
“Reconocemos que fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez Hurtado. Hemos leído sus biografías y hoy sabemos que su contribución a la paz del país habría sido fundamental. Pero la guerra nubla la mirada del futuro y sólo permite ver la realidad en blanco y negro”, señaló en su declaración.
Sospecha presidencial
Este sábado el presidente conservador Iván Duque, quien aseguró haber sido alumno de Álvaro Gómez, recibió con suspicacia el anuncio de la FARC.
Duque se opuso al acuerdo de paz con la exguerrilla y trató de promover, sin éxito, reformas para que sus integrantes recibieran mayor castigo por sus crímenes.
“Adjudicarse esos crímenes cuando ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel no deja de generar dudas sospechas, preocupaciones (…) Quiero que ese crimen horrendo sea esclarecido (…) y que también si alguien se lo atribuye y no corresponde a la verdad, también se entienda que se está cometiendo un delito”, dijo en un acto público.
El conflicto colombiano ha dejado más de nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. Estos últimos representan el mayor número de afectados por la guerra.
Además de las FARC, en la lucha interna han participado agentes del Estado, otras organizaciones rebeldes, narcotraficantes y grupos paramilitares de ultraderecha.
Aunque el pacto de paz disminuyó la violencia, todavía persisten grupos financiados por el tráfico ilegal de droga que han intensificado sus acciones este año, dejando cientos de víctimas en una serie de masacres.
AFP.
