Exguerrilleros de las FARC comenzaron a responder este miércoles por el reclutamiento de miles de niños y adolescentes en sus filas, como parte del acuerdo de paz que terminó con más de medio siglo de conflicto en Colombia.
Pablo Catatumbo, senador y excomandante de la que fuera la guerrilla más poderosa de América, encabezó la primera audiencia de juzgamiento sobre este tema en el marco del sistema especial pactado para reparar a las víctimas.
La Justicia Especial para la Paz (JEP) citó a 15 responsables de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dentro del caso 07, sobre reclutamiento forzado de menores de edad y hechos relacionados como la violencia sexual.
Catatumbo y otros tres dirigentes darán su versión ante el tribunal de paz de manera “reservada” y “presencial”, indicó un responsable de la JEP. Las demás audiencias serán “virtuales” por efectos de la pandemia del nuevo coronavirus, añadió.
“En respeto a la verdad, a las víctimas y de cara al país (…) asistiremos con toda tranquilidad a contar la verdad sobre este caso tan doloroso como es la participación de menores en el conflicto interno armado”, dijo Catatumbo en un video publicado en sus redes sociales.
El ahora senador del partido de izquierda FARC es uno de los ocho exguerrilleros que ocupan escaños en el parlamento como parte de lo acordado en el pacto suscrito en 2016 con el gobierno del Nobel de Paz, Juan Manuel Santos.
Miles de víctimas
En el curso del conflicto colombiano, las FARC y otras guerrillas, al igual que los paramilitares de extrema derecha, formaron poderosos ejércitos a partir del reclutamiento voluntario o forzoso de combatientes campesinos, en un alto número menores de 18 años.
La JEP ha recibido informes preliminares que dan cuenta de unos 8.000 casos, en coincidencia con el registro oficial de la Unidad para las Víctimas que ha documentado 8.624 víctimas, entre niños y adolescentes, de esta práctica de guerra.
Como parte de los acuerdos negociados en La Habana, unos 12.800 rebeldes desistieron de la lucha armada, incluidos unos 7.000 combatientes.
Sus máximos responsables se comprometieron a confesar sus crímenes y reparar a las víctimas de su fallida lucha por el poder, a cambio de recibir castigo alternativo a la cárcel y poder ejercer la política.
Quienes no cumplan con esos compromisos, serán expulsados de la JEP y responderán bajo jurisdicción de la justicia ordinaria.
Rodrigo Londoño, el máximo comandante de la exguerrilla, ha defendido en varias entrevistas que el ingreso a esa organización era voluntario y que incluso se sancionaba a quienes reclutaran a “las malas”.
Sin embargo, su versión ha sido duramente cuestionada a la luz de varios informes. Será la JEP, en un plazo no determinado, la que juzgue si el reclutamiento forzoso de menores fue una práctica extendida dentro del movimiento marxista.
Simultáneamente, los exguerrilleros están respondiendo por secuestro y casos puntuales del conflicto, mientras los militares que se sometieron a la JEP lo hacen por los asesinatos de miles de civiles que fueron presentados como guerrilleros para inflar sus logros en la guerra interna.
Todavía no hay un plazo para que se conozcan las primeras sentencias del tribunal de paz.
Pese al fin del enfrentamiento con las FARC, el narcotráfico sigue alimentando el conflicto, sobre todo en los campos colombianos, a través de grupos armados que se disputan sus rentas y el control territorial.
Hasta la fecha se cuentan poco más de nueve millones de víctimas en seis décadas de lucha interna, en su mayoría desplazados, además de muertos y desaparecidos.
AFP.
