Al presidente de Brasil se le investiga por presunto “abuso de poder económico” y “uso indebido de los medios de comunicación” durante la contienda electoral en la que resultó electo.
La Fiscalía de Brasil pidió al Tribunal Superior Electoral (TSE) retomar y ampliar la investigación sobre presuntas irregularidades en la campaña del ahora presidente Jair Bolsonaro durante los comicios que ganó el líder ultraderechista en 2018, informaron el miércoles fuentes oficiales.
El viceprocurador general electoral, Renato Brill de Góes, defendió el “juicio conjunto” de las cuatro acciones que tramitan en la corte electoral por presunto “abuso de poder económico” y “uso indebido de los medios de comunicación” presentadas contra Bolsonaro y su vicepresidente, Hamilton Mourao.
Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército, asumió la Presidencia de Brasil el 1 de enero de 2019, después de ganar la segunda vuelta de las elecciones de octubre de 2018 con un 55 % de los votos, frente al candidato del progresista Partido de los Trabajadores (PT), el exministro y exalcalde Fernando Haddad.
Noticias falsas en campaña
Sin embargo, algunos partidos de la oposición a Bolsonaro, entre ellos el PT, denunciaron ante el Tribunal Superior Electoral que durante la campaña se produjo la contratación de empresas para realizar disparos en masa de “noticias falsas” a través de WhatsApp con la intención de beneficiar la fórmula del hoy mandatario.
Esa investigación en curso en el TSE contra la campaña de Bolsonaro podría llegar al extremo de anular su victoria en los comicios por la propagación de las llamadas “fake news” durante el proceso electoral.
Brill de Góes hizo un repaso en un documento de 38 páginas de en qué punto se encuentra cada acción y las decisiones ya proferidas por los magistrados instructores del caso en la Justicia Electoral.
En este sentido, defendió estudiar todas las demandas en un mismo juicio y darles una solución jurídica “uniforme y coherente”.
Mensajes masivos
Asimismo, el viceprocurador electoral se mostró favorable a tomar medidas cautelares, como “la quiebra del secreto bancario y fiscal de cinco investigados” y la solicitud de otros documentos que pudieran usarse como pruebas.
Además, citó la existencia de un hecho nuevo a partir de “informaciones prestadas por WhatsApp el 20 de noviembre de 2019”, que apuntan a un “comportamiento anormal, indicativo del envío automatizado de mensajes en masa por parte de empresas, cuyos socios son señalados” por la parte demandante.
“Es indiscutible que el surgimiento de esta relevante información, que converge de forma armónica con los hechos narrados en la demanda, da indicios suficientes para revisar la decisión de rechazar las medidas cautelares requeridas”, indicó Brill de Góes.
Por ello, solicitó la reapertura de la instrucción del caso, pues considera que es “irrecusable la tarea de control de la integridad de la competición electoral por parte de la Justicia Electoral”.
“Motivo por el cual la instrucción de los hechos narrados en las citadas acciones debe ser más amplia, posibilitando, al fin, que la respuesta jurisdiccional sea compatible con la misión histórica que le es reservada a esta justicia especializada”, añadió.
DW.
