El gobierno británico de Boris Johnson, enfurecido porque la justicia europea impidiese en el último minuto el primer vuelo para expulsar a migrantes ilegales a Ruanda, buscaba el miércoles el modo de sortear este inconveniente y proseguir con su controvertido proyecto.
“Ya han empezado los preparativos” para organizar un próximo vuelo, anunció ante los diputados la ministra del Interior, Priti Patel, determinada a encontrar el modo de implementar su programa.
“No aceptaremos que no tenemos derecho a controlar nuestras fronteras”, afirmó, asegurando que el Reino Unido es “un país generoso cuya capacidad de acogida se ve amenazada por quienes llegan ilegalmente y saltan las colas porque tiene los medios de pagar a traficantes”.
Y, subrayando que “la inacción no es una opción”, mencionó la posibilidad de “reformar el sistema”, sin más precisiones.
Durante la sesión semanal de preguntas en el parlamento, Johnson se limitó a defender a “las personas que están aquí de forma segura y legal”. Sin embargo, la víspera había acusado a los abogados de migrantes clandestinos de “instigar el trabajo de las bandas criminales” de tráfico de personas.
“¿Será necesario cambiar algunas normas para ayudarnos a avanzar? Es muy posible que sí. Toda estas opciones están en constante revisión”, agregó.
El programa electoral que en 2019 dio al Partido Conservador su más fuerte mayoría absoluta en 40 años incluía el compromiso de “actualizar la Ley de Derechos Humanos y el derecho administrativo para garantizar que haya un equilibrio adecuado entre los derechos de las personas, nuestra seguridad nacional vital y un gobierno eficaz”.
Y el miércoles se alzaron voces que reclamaban abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que el abuelo materno de Johnson -James Fawcett- contribuyó a elaborar a principios de 1950. Totalmente independiente de la Unión Europea, está grabado en la legislación británica desde 1998.
“Retirémonos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y pongamos fin a su intromisión en la legislación británica”, tuiteó la diputada conservadora Andrea Jenkyn.
Giro dramático de último minuto
Los cruces marítimos de migrantes a Inglaterra desde las costas franceses no dejan de aumentar: el martes se registraron 444 y ya superan los 10.000 en lo que va de año.
Buscando desalentarlos, Patel anunció en abril un acuerdo con Ruanda, país africano a 6.500 km de Londres, para que acogiese a migrantes y solicitantes de asilo llegados al Reino Unido de forma ilegal, previo pago por Londres de 157 millones de dólares.
Naciones Unidas, la Iglesia anglicana y defensores de los derechos humanos denunciaron esta política como “ilegal” e “inmoral” y varias ONG emprendieron acciones judiciales.
El primer vuelo, contratado según una de estas asociaciones a la aerolínea española de chárters Privilege Style, debía partir el martes por la noche.
Más de 130 migrantes -de sirios a afganos, pasando por albaneses o egipcios- fueron notificados de su expulsión a un país con un preocupante balance en materia de derechos humanos.
Algunos de ellos presentaron recursos individuales, ayudados por asociaciones y abogados que intentaron también un bloqueo legal al programa.
Varios jueces británicos rechazaron los argumentos generales dando luz verde al plan gubernamental, pero aceptaron casos concretos reduciendo poco a poco el número de pasajeros en el primer vuelo, que el martes por la mañana ya eran solo 7.
Patel afirmó que pese a todo el avión, con un coste estimado por la prensa en 250.000 libras (300.000 dólares), despegaría para establecer el “principio” de esta política “disuasoria”.
Sin embargo, en un dramático giro de último minuto, un iraquí logró que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos bloquease su expulsión hasta que se analice a fondo la legalidad de la medida, lo que está previsto para julio.
Esto provocó una inesperada aprobación en cadena de congelaciones para los otros seis y el vuelo acabó siendo cancelado pasadas las 22:00 locales, para enojo y humillación de un gobierno británico que desde el Brexit intenta distanciarse a toda costa de la justicia europea.
Uno de los principales argumentos para la salida británica de la Unión Europea, decidida en 2016 pero efectiva desde enero de 2021, fue el control de la inmigración.
Y el plan de expulsar a los clandestinos a Ruanda es muy popular entre buena parte de los votantes conservadores de Johnson, que, cernido por múltiples escándalos, busca relanzar su popularidad y reconquistar al electorado de cara a su reelección en 2024.
Fuente: Página Siete
