El periodista y fundador de WikiLeaks Julian Assange espera el veredicto encerrado en una cárcel de alta seguridad en Londres. Assange acusa que EE. UU. tiene “motivaciones políticas” para extraditarlo.
La jueza británica Vanessa Baraitser dictaminará el 4 de enero de 2021 si autoriza o no la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, que lo reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática castigados con hasta 175 años de cárcel en ese país.
La magistrada fijó este jueves la fecha de su dictamen al término de un juicio de cuatro semanas en el tribunal londinense de Old Bailey, en el que han declarado numerosos testigos de la defensa del fundador de WikiLeaks, que rechaza su entrega.
El procesado, que considera que EE. UU. tiene “motivaciones políticas”, permanecerá en prisión preventiva mientras sigue su proceso, que podría alargarse en el tiempo si, como es previsible, la parte perjudicada recurre el fallo.
La magistrada rechazó, como se esperaba, conceder la libertad condicional a Assange, que seguirá en el centro de alta seguridad londinense de Belmarsh y deberá personarse en las sucesivas vistas rutinarias de control, la próxima de las cuales está prevista para el 29 de octubre.
Los motivos de EE. UU.
Estados Unidos reclama a Assange para juzgarle por haber conspirado presuntamente con el exsoldado estadounidense Bradley Manning (hoy Chelsea Manning) en 2010 y, ahora, también con otros “hackers” entre 2007 y 2015 para obtener y publicar ilegalmente información secreta en su portal.
Durante septiembre han declarado ante el tribunal numerosos testigos de la defensa, en apoyo de su tesis de que las acusaciones de Washington contra su cliente están “políticamente motivadas” y no afrontaría un juicio justo en ese país, si bien la fiscalía mantiene que se trata de actos criminales.
Han testimoniado varios psiquiatras, que aseguraron que el periodista, delicado de salud, padece “un trastorno del espectro autista” y “presenta riesgo de suicidio” si es entregado a EE. UU., algo que ha tratado de evitar desde que fue detenido en Londres en 2010 a petición de Suecia por presuntos delitos sexuales de los que no fue acusado y que ya han sido archivados.
Entre otros testimonios, la periodista estadounidense Cassandra Fairbanks aseguró que el Gobierno del presidente Donald Trump pudo haber negociado la expulsión en abril de 2019 de Assange de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se había refugiado como asilado político en 2012.
También declararon por escrito en favor de Assange el académico estadounidense Noam Chomsky, que defendió su lucha por la libertad de información, y el abogado español Aitor Martínez, del bufete de Baltasar Garzón, que informó del proceso que se sigue en España contra la empresa UC Global, que presuntamente espió al australiano cuando estaba en la embajada.
Durante el proceso, la novia del procesado y madre de dos de sus hijos, Stella Moris, ha liderado una campaña para pedir la libertad de su pareja y ha recaudado más de 150.000 (165.000 euros) en internet para sufragar los costes legales
DW.
