La Corte Suprema de Chile aprobó un pedido para ampliar los delitos por los que fue extraditado a Perú el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), en septiembre de 2007, informó este jueves la Procuraduría General del Estado peruano.
La decisión fue tomada el pasado 19 de enero en ocho causas solicitadas por la Justicia peruana por los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, conspiración y otros.
Aunque la Procuraduría no detalló los casos que implican la comisión de esos delitos, señaló que su pedido fue aceptado al haber cumplido con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y lo dispuesto en el Tratado de Extradición entre ambos países.
Añadió que, el 15 de septiembre de 2023, se amplió la competencia del procurador Javier Pacheco para que ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano ante las autoridades y sedes jurisdiccionales de Chile en los procesos de ampliación de extradición activa de Fujimori.
“Nuestra institución reafirma su compromiso en la defensa jurídica del Estado en toda instancia en la que sea competente”, concluyó.
Medios locales señalan que entre los casos por los que aún se busca procesar a Fujimori figuran la venta ilegal de armas a la hoy desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 1999, así como las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro, en 1992, y tras el rescate en la residencia del embajador japonés en Lima, en 1997.
Además, las presuntas esterilizaciones forzadas cometidas durante su gobierno y el secuestro y homicidio de seis miembros de la familia Ventocilla, cometido en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.
La Corte Suprema de Chile ya amplió en junio de 2017 la extradición de Fujimori para que sea investigado en Perú por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita por el asesinato de seis campesinos en el llamado caso Pativilca, también cometido por el grupo Colina en 1992.
Fujimori, que actualmente está siendo procesado por este caso, salió en libertad en diciembre del año pasado luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyó los alcances del indulto humanitario que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kucyznski.
El exgobernante, de 85 años, fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por las masacres de los Barrios Altos y La Cantuta, cometidos en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo Colina, así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, tras el autogolpe de Estado que dio en 1992.
También fue condenado, por diversos delitos de corrupción, en otros cuatro casos, con penas que variaron entre 6 y 8 años de cárcel, que ya cumplió.
Fuente: EFE
