La ciudad de Lima no ha visto hasta ahora incidentes tan intensos y violentos como los que se han producido en las últimas semanas en otros lugares del país, donde son ya 52 los muertos y más de un millar los heridos.
Pero eso se ha puesto en cuestión este jueves con la convocatoria a “la toma de Lima”, lanzada por las diversas organizaciones y colectivos que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria inmediata de elecciones para renovar el Ejecutivo y el Congreso.
Manifestantes llegados de diferentes puntos del país se congregan en diferentes puntos de Lima, principalmente, la plaza San Martín, la plaza Dos de Mayo y el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se les da cobijo, alimentos y otra asistencia.
El clima en la ciudad es de tensión y ya en la víspera se produjeron enfrentamientos entre la Policía y manifestantes en el centro.
Las clases universitarias han sido suspendidas y el gobierno ha recomendado a las empresas que faciliten el teletrabajo durante todo el día.
Además el Ministerio de Salud declaró en alerta roja a todos los centros sanitarios en todo el país, ante la previsión de que las protestas en la capital se repliquen en otros lugares.
El despliegue policial en la capital ha sido muy extenso, con 11.800 agentes para controlar posibles disturbios, “además de 120 camionetas y 49 vehículos militares, y también la participación de las fuerzas armadas”, indicó el jefe de la Región Policial Lima, general Víctor Zanabría.
De momento no se han registrado altercados importantes en Lima, aunque sí en otros lugares de Perú.
En Arequipa centenares de manifestantes intentaron acceder por la fuerza al Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, que había suspendido sus operaciones este martes por precaución.
Los asaltantes, que lanzaron piedras y derribaron parte de la valla del aeródromo, se enfrentaron con los policías, que usaron bombas lacrimógenas para dispersarlos.
En la red nacional de carreteras del país se ha interrumpido el tránsito en 127 puntos de 18 de las 25 regiones del país por las protestas, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Quién los ha traído hasta aquí
La crisis comenzó con la detención y destitución de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.
El entonces presidente fue detenido y luego destituido por el Congreso tras anunciar por televisión la disolución del mismo y el establecimiento de un gobierno de emergencia en Perú.
De acuerdo con la Constitución, asumió entonces el cargo su vicepresidenta, Dina Boluarte, y pronto surgieron manifestaciones de protesta.
Varios departamentos del país, principalmente en el sur, se llenaron de bloqueos de carreteras y se produjeron ataques a edificios públicos e intentos de tomar aeropuertos.
La violencia se desbordó en el sur, especialmente en el departamento de Puno, donde 19 personas murieron en la ciudad de Juliaca el 10 de enero.
Las denuncias de que la policía utilizó munición letal indiscriminadamente contra los manifestantes desbordaron la indignación y resolvió a muchos a trasladar la protesta a la capital, pese a que las autoridades aseguraron haber actuado en defensa propia y de una manera proporcional.
Cómo surgió la “toma de Lima” y quién la convoca
En realidad, el lema de la “toma de Lima” ha sido usado otras veces para promover movilizaciones en la capital peruana que luego no tuvieron mayor trascendencia.
Esta vez, fue enarbolado por los distintos colectivos del sur del país que decidieron marchar hacia la capital para exigir la renuncia de Boluarte.
A lo que al principio surgió como una iniciativa de comunidades indígenas y agrupaciones vecinales y estudiantiles del sur del país, se sumaron más tarde los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Confederación General de Trabajadores del Perú, uno de los principales sindicatos del país, que convocó este jueves un paro nacional coincidiendo con la “toma de Lima”.
Este miércoles, en la sede del sindicato en Lima, junto a la que ya se han congregado numerosos manifestantes, comparecieron ante los medios dirigentes de organizaciones locales llegados desde los departamentos de Huánuco, Ancash, Lambayeque, Tacna, La Libertad, Moquegua, Apurímac, el Vraem, Arequipa, Loreto, Cajamarca y Junín.
Aseguraron que no se marcharán de Lima hasta no haber logrado sus objetivos de que renuncie la presidenta, se disuelva el Congreso y se convoquen elecciones.
“El pueblo y las comunidades campesinas se movilizan. ¿Cómo es posible que tengamos que venir a Lima para que entiendan nuestra agenda?. Este gobierno se ha deslegitimado desde el día uno”, aseguró Leonela Labra, representante de Cusco.
Desde diferentes puntos del país han salido en los últimos días caravanas de vehículos con destino a Lima, que han recibido apoyo en algunos puntos del trayecto.
Pero solo en la tarde del jueves, cuando acontezca lo que ha sido bautizado también como la “Marcha nacional”, podrá calibrarse cuán masiva es la protesta.
En una movilización tan heterogénea hay diversas peticiones y reclamos, pero el objetivo compartido por todos los que protestan es la renuncia de la Presidenta, la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones inmediatamente.
Algunos claman también por una nueva Constitución para Perú y la liberación del expresidente Castillo.
Acusan al gobierno de las muertes en las protestas y de que la actuación policial ha violado los derechos humanos.
Qué dice el gobierno
La presidenta Boluarte ha reiterado que no piensa renunciar.
El viernes dijo: “Mi compromiso es con el Perú, no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria”.
Boluarte invitó a los descontentos a manifestarse en Lima, pero pidió que lo hicieran pacíficamente.
También ha ofrecido diálogo, pero excluyó explícitamente abordar aspectos como la disolución del Congreso o la reforma constitucional por quedar fuera de las competencias presidenciales.
El gobierno ha prometido que todas las muertes serán investigadas y la Fiscalía ha abierto diligencias preliminares contra la presidenta y el primer ministro, Alberto Otárola.
Al poco de suceder a Castillo, Boluarte afirmó que su plan era agotar el mandato de su predecesor y mantenerse en el cargo hasta 2026.
Pero tras la primera ola de protestas propuso adelantar las elecciones y en el Congreso se ha votado un acuerdo preliminar para qué se celebren en abril de 2024.
Fuente: Infobae
