El Consejo Europeo renovó este lunes, por un período de un año, el régimen de sanciones contra funcionarios de Nicaragua a raíz de las preocupaciones por “la deteriorada situación política y social” en ese país, y condenó la represión a opositores.
Este paquete de sanciones había sido adoptado originalmente en octubre de 2019, y se concentra en seis personas a quienes el Consejo responsabiliza por violaciones de derechos humanos o abusos en la represión a las manifestaciones opositoras. Las sanciones contemplan el congelamiento de activos que esas personas posean en Europa y restricciones al otorgamiento de visados.
“La UE permanece extremadamente preocupada con el continuado deterioro de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. La represión por parte las fuerzas de seguridad y grupos progubernamentales armados debe cesar”, apuntó el Consejo en una nota. El gobierno de Nicaragua debe “actuar enteramente en línea con los compromisos asumidos en el acuerdo alcanzado con la oposición en marzo de 2019”, señaló la nota, entre los que se destacan el restablecimiento de las garantías y derechos civiles y políticos.
El Consejo Europeo también pidió al gobierno en Managua que acuerde con la oposición un plan de “reformas electorales y políticas” con el objetivo de “garantizar la realización de elecciones creíbles, inclusivas y transparentes en 2021”.
DW.
