Bolivia, Argentina, México y Colombia habían pedido priorizar “la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”. Perú respondió que la presidencia de Dina Boluarte es constitucional.
El Gobierno peruano rechazó la petición presentada en conjunto por los presidentes Luis Arce (Bolivia), Alberto Fernández (Argentina), Manuel López Obrador (México) y Gustavo Petro (Colombia) para liberar y restituir a Pedro Castillo como jefe de Estado, tras su intento fallido de golpe de Estado orquestado el pasado 7 de diciembre.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú puntualizó que “las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el ex presidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre” generaron la decisión del Congreso “de declarar su vacancia (destitución) en el marco más estricto respeto a la Constitución Política del Perú”.
Ante ese escenario, señala que “de acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Perú, la vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República”.
En el comunicado conjunto, México, Colombia, Bolivia y Argentina -países con presidencias afines al perfil ideológico de Pedro Castillo- aseguran que el exmandatario peruano “desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio” e hicieron un llamado a todos los actores involucrados para que “prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”.
Al respecto, el Gobierno de Perú indicó que reafirma su convicción en la importancia de que se cumpla con las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho.
Además, destaca que, a raíz de la convulsión social que se vive en el país, la presidenta Boluarte presentó un proyecto de Ley al Congreso de la República para adelantar las elecciones generales, solicitando que se celebren en abril de 2024.
“El Gobierno del Perú reitera su más firme compromiso con el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo los del expresidente Castillo, y persistirá en resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país”, finaliza el comunicado.
Fuente: El Deber
