La organización dijo que el presidente salvadoreño estaría protegiendo a los responsables de la masacre de El Mazote. Bukele había dicho que archivos importantes para la investigación habían sido destruidos hace 40 años.
Un conglomerado de organizaciones humanitarias pidió este viernes a la Fiscalía de El Salvador que investigue al presidente Nayib Bukele y a jefes del Ejército por supuestamente “encubrir” la masacre de unos 1.000 civiles en 1981 al bloquear una diligencia judicial y violar una medida cautelar sobre los archivos militares relacionados con el crimen.
“Creemos que el presidente está cometiendo el delito de encubrimiento a los responsables de la masacre de El Mozote y ocultación de documentos”, dijo a la prensa David Morales, de la organización Cristosal y abogado de las víctimas en el proceso penal por la matanza.
Afirmó que el bloqueo a la inspección de archivos “es una clara posición política de proteger criminales de guerra” y “sin importar que cometieron delitos, lo cual han admitido públicamente”.
De acuerdo con Morales, Bukele admitió el pasado 24 de septiembre, durante una cadena nacional de radio y televisión, que fue decisión suya que no se permitiera la inspección judicial. Morales añadió que los señalamientos del presidente de que con la búsqueda de archivos de El Mozote se pretendía también tener acceso a planes militares secretos para su divulgación son falsos.
“La mayoría de las afirmaciones del presidente en la cadena nacional sobre el caso de El Mozote y los archivos son falsas. No existía posibilidad de que se pudieran inspeccionar archivos recientes”, dado que estos “están ordenados por año, por tema, por serie y existen instrumentos de control de archivo, que es una especie de índice”, agregó.
Bukele aseguró en la referida cadena que “la mayoría de archivos, como ustedes esperarán y cualquier salvadoreño se imaginará, fueron destruidos en estos cuarenta años”.
Además presentó cinco cajas pequeñas con etiquetas de años recientes con documentos supuestamente relacionados con la matanza, los que aseguró serán entregados a la Fiscalía y al juez del proceso de El Mozote, sin que hasta la fecha se conozca si ya fueron entregados.
Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades elites del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada. Por esta matanza son procesados más de una docena de mandos militares retirados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, los primeros de este tipo imputados en el país tras la guerra civil.
DW.
