La autoridad está en la mira de oficialistas y opositores. Se advierte posible incumplimiento de deberes. La denuncia de corrupción en la compra de gases lacrimógenos data de mediados de 2020.
El caso de la compra de gases lacrimógenos y material antidisturbios que involucra al exministro Arturo Murillo ha puesto contra la pared al fiscal general, Juan Lanchipa, a quien diversos actores políticos acusan de incumplimiento de deberes en la causa. Hay legisladores que anuncian que convocarán a la autoridad para que brinde un informe y otros piden su renuncia.
“Los hechos, los indicios, ya se han advertido el año pasado, hubo advertencias. Cuando son delitos de orden público, las autoridades como el Ministerio Público deberían haber actuado de oficio y no esperar una denuncia, pese a que había denuncias entonces. Ante eso corresponde que respondan las instancias como el Ministerio Público, el Fiscal General del Estado principalmente (…). Se advierte incumplimiento de deberes por parte de las autoridades mencionadas”, señaló el diputado Juanito Angulo, del MAS.
Por su parte, los diputados oficialistas Daniel Rojas y Rolando Cuéllar sugirieron que Lanchipa renuncie a su cargo.
“Creo que el Fiscal General debe dar un paso al costado. Creo que no es permisible tal actitud, ha tenido su momento para que pueda hacer las diferentes diligencias judiciales para que este caballero (Arturo Murillo) no se dé a la fuga. La verdad, nosotros vemos muy decepcionante el actuar del Fiscal General del Estado. Desde afuera hemos visto un actuar muy permisible, una actitud cómplice, silenciosa”, manifestó Rojas.
En la misma línea, el diputado Rolando Cuéllar (MAS) expresó: “Realmente el Fiscal General debería, por moral, renunciar inmediatamente. Él debería hacer justicia con las víctimas de Senkata y Sacaba. Debería pedir la anotación preventiva de los bienes, cuentas de Arturo Murillo y de todos los procesados. Ahora sale a embanderarse un trabajo ajeno. Creo que el Ministerio Público tiene, a la cabeza del Fiscal General, mucha negligencia, inoperancia y no estamos satisfechos con el trabajo de Lanchipa”.
La Defensoría del Pueblo también se sumó a los cuestionamientos que ponen en la mira al Fiscal General, y desde esa instancia se planteó investigar a Lanchipa con miras a un juicio de responsabilidades.
“Lo que consideramos es que por tantas observaciones que ya tiene la Fiscalía General del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en su rol de fiscalización y supervisión, correspondería que inicie los procesos de investigación. El Fiscal General es una alta autoridad y seguramente le correspondería un juicio de responsabilidades por las omisiones o las acciones que llegasen a configurar delitos de incumplimiento de deberes por ejemplo”, subrayó Nadia Cruz, defensora interina.
Lidia Patty, exdiputada del MAS, también pidió que se inicie un proceso contra Lanchipa por “dejar escapar” al exministro de Gobierno, y solicitó que se incluya a los fiscales departamentales. “Dejaron escapar al exministro de Gobierno Arturo Murillo (…). Tienen que pagar y ser juzgados”, aseguró la exparlamentaria.
Patty ya había solicitado la renuncia del Fiscal General del Estado el 15 de abril. “Ha estado persiguiendo a nuestro pueblo, nuestros hermanos y hermanas. Debería irse Lanchipa para no estar perjudicando la justicia”, declaró entonces.
Por su parte, la diputada Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana, lamentó que se empiece a asumir acciones en un caso denunciado públicamente hace casi un año porque cobra relevancia a nivel internacional. En su opinión, la renuncia de Lanchipa es una “solución parche” que no solucionará las deficiencias del sistema judicial.
“Todos teníamos conocimiento del caso Murillo y de los gases lacrimógenos desde junio del año pasado y no puede ser posible que recién ahora, que se ha hecho repercusión a nivel internacional, quieran tomar cartas en el asunto. Condenamos cualquier hecho de corrupción venga de donde venga y este caso es gravísimo, porque daña la economía boliviana y la imagen del país a nivel internacional. La petición de la renuncia de Lanchipa es una medida parche, porque el sistema fiscal y judicial de Bolivia es corrupto hace más de 15 años. Lo que se tiene que hacer es trabajar en una reforma judicial de forma integral”, señaló.
Desde Creemos se informó que el trabajo de Lanchipa es cuestionado desde hace tiempo y que se envió a la autoridad una serie de peticiones de informe escrito en diferentes casos y que no hay respuestas por parte de la autoridad.
Este medio intentó comunicarse con el Fiscal General para conocer su respuesta ante los cuestionamientos a su trabajo, pero no se atendieron los requerimientos. Lanchipa asumió el cargo de fiscal general el 23 de octubre de 2018.
“Creo que el Fiscal General debe dar un paso al costado. Vemos muy decepcionante el actuar del Fiscal General del Estado”.
Daniel Rojas, diputado (MAS)
“Corresponde que responda el Fiscal General del Estado principalmente (…). Se advierte incumplimiento de deberes”.
Juanito Angulo, diputado (MAS)
“No puede ser posible que recién ahora que se ha hecho repercusión a nivel internacional quieran tomar cartas en el asunto”.
Luisa Nayar, diputada (CC)
Evalúan crear una comisión en ALP
En la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no se descarta conformar una comisión mixta que pueda investigar o dar seguimiento al hecho de corrupción que implica al exministro de Gobierno Arturo Murillo por el pago de sobornos y lavado de dinero obtenido de un negociado en la compra de material antimotín en Estados Unidos, informó Erbol.
El caso será evaluado en una reunión de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) por desarrollarse en los próximos días, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.
“En función a eso (al encuentro) nosotros hacemos la evaluación. Si hay necesidad de poder conformar una comisión (en el Legislativo) por supuesto que lo haremos”, afirmó.
Su colega, el diputado Héctor Arce (MAS) respaldó la idea de que se pueda conformar la comisión que tenga la misión de dar seguimiento al proceso que enfrenta Murillo en Estados Unidos.
Mamani sostuvo que en la evaluación a la conformación de la comisión participarán autoridades que tienen relación con la denuncia que se investiga en Bolivia.
En la pasada gestión legislativa ya fue conformada una comisión sobre la compra de material no letal contra disturbios. Entre las conclusiones de esa entidad está la recomendación de remitir una copia a la Fiscalía General para que se inicien acciones legales contra Murillo, además de Luis Fernando López, exministro de Defensa, y de Yerko Núñez, exministro de la Presidencia, entre otras exautoridades.
El exministro de Gobierno de la expresidenta Jeanine Añez se encuentra detenido en Estados Unidos.
Por Erika Segales / La Paz
Fuente: Página Siete
