La Federación de Trabajadores en Salud Pública Cochabamba resolvió iniciar un paro de 24 horas desde el 7 julio si la Gobernación no cancela el bono viático de vacunación hasta el 6 de ese mismo mes y no cumple con la dotación de material de bioseguridad para luchar contra la Covid-19.
“Los trabajadores de base de los 20 sindicatos tomaremos como primera medida de presión el paro sólo con atención de emergencias en protesta y desagravio por la falta de atención de las autoridades correspondientes”, señala el sector a través de un voto resolutivo.
En el escrito los afiliados también piden a la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud exigir al Gobierno nacional que se declare desastre sanitario por la falta de recursos humanos, equipos de protección y centros de aislamiento que son de “vital urgencia para contrarrestar esta pandemia del coronavirus”.
El secretario ejecutivo de la organización, Adalid Gutiérrez, mencionó que el martes sostendrán una reunión para definir qué acciones asumirán tras verificar la respuesta que lograron a las notas que enviaron a la Jefatura de Trabajo, al director del Sedes y a la gobernadora Esther Soria.
Sostuvo que cada día que pasa las condiciones de trabajo de los profesionales en diferentes centros de salud y hospitales son más críticas, debido a que cuando se contagian no reciben atención médica de forma oportuna en sus seguros, porque estos están desbordados.
Remarcó que con la emergencia sanitaria las horas de trabajo aumentaron por lo que se debe otorgar transporte y alimentación al personal. En caso de no poder cubrir estos gastos por lo menos se tiene que agilizar el desembolso de los bonos, expresó el representante.
El sector aglutina a más de 3 mil médicos, enfermeras y trabajadores manuales que desempeñan funciones en las 16 provincias del departamento.
Por otro lado, el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del hospital Viedma Alexander Ticona, anunció que hoy el personal sostendrá un nuevo encuentro con el director del nosocomio, Juan José Mendoza, porque en una semana no se logró atender las cinco demandas que planteó a la administración.
“Por la cuarentena rígida nos están dando transporte, pero no ha mejorado la dotación de implementos de bioseguridad ni hay avance en habilitar un espacio para que el personal que se infecte reciba atención”, expresó.
Ratificó que más de 600 afiliados permanecen en emergencia.
En pasados días, la gobernadora Esther Soria convocó al diálogo a los trabajadores y comentó que la entrega de material de protección se hará gradualmente de acuerdo al stock que vayan entregando las empresas proveedoras.
En tanto que para agilizar la detección o descarte de casos en el personal propuso la realización de las pruebas rápidas.
