García-Sayán divulgó el informe sobre la justicia en el que ratificó la existencia de injerencia política y planteó 20 recomendaciones.
El informe sobre Bolivia de Diego García-Sayán, el relator especial de las Naciones Unidas, ratificó las evidencias respecto a la presión política que existe sobre la Justicia y puso sobre el tapete la situación del Ministerio Público donde campean los interinatos.
“El Ministerio Público cuenta con 575 fiscales para 11,67 millones de habitantes, con solo el 30% de fiscales ingresados de conformidad con la carrera fiscal”, señala el reporte que, además, consideró “insuficiente” la tarea del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
Esta entidad, que depende del Ministerio Público, cubre apenas el 10% de los 339 municipios de Bolivia y su personal no alcanza para responder a la demanda que llega cada día. De ahí, la demora que se ven en los casos sensibles que afectan especialmente a las mujeres.
“Cuenta con recursos humanos insuficientes en ciertas especialidades lo cual crea desconfianza en sus pronunciamientos”, apunta el reporte de 20 páginas que hace notar que el IDIF “informa también de la falta de medios para la recepción y custodia de evidencias, que puede desembocar en deterioro de pruebas”.
García-Sayán destacó así que exista un programa de formación especializadas para fiscales que espera contar con una nueva promoción en este año, pero expresó su inquietud por falencias legales respecto a los representantes departamentales del Ministerio Público.
En el informe también resalta que el 43% de las causas que investiga la Fiscalía tenga que ver con delitos de violencia contra las mujeres, un 13% corresponde a robos, un 10% a lesiones graves y leves, y el 34% a otros hechos que son diversos.
Este informe, de 20 páginas, contiene 12 conclusiones y 20 recomendaciones para el Estado boliviano. El documento será leído en el 50 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tendrá lugar en Ginebra ente 13 de junio y 8 de julio.
En el documento, García- Sayán precisa que el contenido de sus observaciones y recomendaciones son el resultado de una visita que realizó a Bolivia entre el 15 y el 22 de febrero de 2022, cuando se reunió con diferentes autoridades y representantes de la sociedad civil.
Estas falencias, consideradas estructurales, ya habían motivado varios anuncios por parte del Gobierno para reformar el sistema judicial del país. Ninguna de estas propuestas han prosperado hasta el momento, pues requiere el ajuste de varias leyes.
“No solo este informe es insumo para la reforma, también nos hemos referido en otras oportunidades al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el marco de la Organización de Estados Americanos”, dijo César Siles, viceministro de Justicia.
Pero, el relator instó al Gobierno a poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas que, en todos los casos, son solicitadas por fiscales de materia.
Además, otro aspecto que fue cuestionado por García-Sayán fue el hecho de que la jurisdicción indígena originario campesina, reconocida en la Constitución de 2009, fue relegada por la legislación posterior como la Ley de Deslinde Jurisdiccional de 2010.
Exhortó al Gobierno a designar a la personas que se haga responsable de la Defensoría del Pueblo, una elección que se encuentra empantanada en la Asamblea Legislativa, debido a la falta de consenso entre el oficialismo y la oposición.
Fuente: El Deber
