El fiscal general, Juan Lanchipa, dio una conferencia ayer en la que informó sobre la proposición acusatoria contra la exmandataria, tras el informe del GIEI
Pese a que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) identificó graves vulneraciones de derechos humanos en los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, presentó ayer una proposición acusatoria ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sólo contra Añez, por los delitos de genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte. En cambio, la Fiscalía aún no realiza ninguna acción jurídica en relación a los casos sucedidos en el gobierno de Evo Morales.
“En mérito a la proposición acusatoria presentada por las víctimas de los hechos luctuosos producidos en los días 15 y 19 de noviembre de 2019 en el sector del Puente Huayllani del municipio de Sacaba y la Planta de Senkata de la ciudad de El Alto, y los antecedentes acumulados(…), el Ministerio Público presentó hoy (ayer) ante el Tribunal Supremo de Justicia un requerimiento acusatorio contra Jeanine Añez Chávez por tales hechos calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte”, informó Lanchipa.
La autoridad indicó que el requerimiento acusatorio por los sucesos que provocaron la muerte de 20 personas y decenas de heridos debe ser remitido por el TSJ a la Asamblea Legislativa en busca de que esa institución autorice un juicio de responsabilidades. “El Ministerio Público reafirma su compromiso con el país de lucha contra la impunidad y búsqueda de justicia”, afirmó.
La Fiscalía presentó la proposición acusatoria contra Añez tres días después de que el GIEI publicara su informe de investigación sobre la vulneración de derechos humanos, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. En el documento se califica a los hechos de Sacaba y Senkata como masacre, pero no se habla de genocidio.
Los expertos del GIEI aclararon en conferencia de prensa que no hallaron indicios para calificar las masacres como delitos de lesa humanidad ni genocidio.
“La definición en el derecho internacional del delito de lesa humanidad requiere de un ataque sistemático contra la población civil, con conocimiento (…). Francamente no vimos en las investigaciones elementos suficientes para determinar que estos hechos eran crímenes de lesa humanidad”, afirmó Juan Méndez, experto integrante del GIEI.
Por su parte, Patricia Tappatá, otra integrante del grupo de expertos, indicó: “Nosotros no usamos la figura de genocidio, de crimen contra la humanidad, porque entendemos que no se reúnen las condiciones”.
Luego de la presentación del informe del GIEI, el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, manifestó: “Yo le pido al Poder Ejecutivo la voluntad política de cambiar los operadores judiciales y los operadores del Ministerio Público, y cambiar la justicia de este país como condición previa, absolutamente inseparable lo uno de lo otro, a la realización y procesamiento de juicios de responsabilidad no solamente a la expresidenta Jeanine Áñez, sino también al expresidente Evo Morales”.
No obstante, Morales desafió a la oposición a interponerle procesos. “A mí me han procesado desde 1989, he ganado todos los procesos y vengan de donde vengan procesos, vamos a seguir ganando”, aseveró.
En respaldo a Morales, la dirigencia del MAS y las organizaciones sociales del Pacto de Unidad se declararon ayer en emergencia y resolvieron asumir “defensa y cuidado” de su líder.
En su voto resolutivo también rechazan que hubiera alguna responsabilidad del gobierno de Morales en los hechos de vulneración de derechos humanos investigados por el GIEI. Sin embargo, el informe concluye que “en el último trimestre del año 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos”.
Según la resolución del MAS, “los partidos, medios de comunicación oligárquicos y sectores de la derecha, que a resultas también son autores y cómplices del golpe de Estado y de las graves violaciones de los derechos humanos durante el gobierno de facto, hoy pretenden de manera mentirosa tergiversar y malinterpretar el informe del GIEI, forzando una narrativa falsa sobre supuestas responsabilidades del gobierno constitucional antes del golpe, ensañándose con esta pretensión desinformativa contra el hermano Evo Morales”.
Al respecto, el vicepresidente del MAS, Gerardo García comunicó en conferencia de prensa: “Ya están declarados en estado de emergencia nuestros sectores sociales (…) uno por las amenazas a nuestro presidente Luis Arce y también por el tema de nuestro hermano Evo Morales, que está siendo atacado, cuestionado y quieren que entre a un proceso”.
El diputado de CC Alejandro Reyes dijo que antes de aprobar un juicio de responsabilidades en contra de Añez debe haber una reforma judicial, y que Evo Morales también debe ser procesado.
“Para hablar de cualquier proceso judicial, primero tiene que estar la reforma judicial. (…) Si el Gobierno trata de iniciar un juicio de responsabilidades contra Añez, por supuesto también tiene que estar sentado en el banquillo de los acusados Evo Morales”, manifestó.
Desde Conade, Manuel Morales indicó que el Ejecutivo no asimila la contundencia del informe del GIEI, que estableció que hubo vulneraciones de derechos humanos que abarcan a las gestiones de Morales y Añez, y adelantó que junto a las bancadas de CC y Creemos interpondrán una acusación para un juicio de responsabilidades contra Lanchipa.
“Durante las vulneraciones de derechos humanos que hubo en 2019, siempre estuvo el fiscal Lanchipa. Estuvo durante el gobierno de Evo Morales y Jeanine Añez. Él debería haber investigado los delitos y ha sido incapaz de hacerlo”, manifestó el activista.
Sobre el informe
- Recomendaciones El GIEI, que investigó los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, presentó 36 recomendaciones, para el Estado, la sociedad civil boliviana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Respaldo El informe del GIEI fue respaldado por la Organización de Naciones Unida y la Unión Europea. Fue destacado por Human Rights Watch.
Por Erika Segales
Fuente: Página Siete
