EL GIEI echa por tierra versión “disparatada” del gobierno de Añez de que los manifestantes se mataron entre sí en Sacaba y Senkata, y apunta a Morales, sostuvo.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia documentó 37 muertes en el contexto de las protestas realizadas en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019. “Ellas no responden a un único color político”, dijo hoy el director ejecutivo de la División América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien destacó el informe.
“Es imperativo que la fiscalía boliviana despierte de su marasmo e investigue con diligencia e imparcialidad estos hechos. No pueden quedar impunes”, añadió a través de su cuenta de Twitter.
Vivanco abrió un hilo con sus opiniones sobre el Informe GIEI, y fue particularmente duro con el gobierno de la expresidenta Añez.
“El excelente informe del #GIEIBolivia aporta pruebas contundentes sobre el sometimiento del sistema judicial al gobierno de turno y las gravísimas violaciones de DDHH durante las protestas de 2019, incluyendo ejecuciones sumarias y tortura durante el Gobierno de Áñez”.
Además, sostuvo que el trabajo de investigación “elimina de una vez por todas la versión disparatada del gobierno de Áñez de que los manifestantes se mataron unos a otros en Sacaba y Senkata”.
“En El Alto, el #GIEIBolivia documentó arrestos ilegales, tortura sistemática de detenidos, agresiones sexuales y un patrón de arbitrariedad por la policía. Esos hechos requieren una investigación seria, imparcial e inmediata por parte de la fiscalía”.
También se refirió a las al menos 14 víctimas de las emboscadas en Vila Vila y Playa Verde, que ocurrieron el 9 y 10 de noviembre, cuando Evo Morales aún era presidente de Bolivia.
“El #GIEIBolivia apuntó que hubo participación y responsabilidad del gobierno de Evo Morales”
El director ejecutivo de la División América de Human Rights Watch, también destacó el anuncio del presidente Luis Arce de derogar el Decreto Supremo 4461, que da amnistía a miembros de movimientos sociales del MAS que participaron en los hechos de la crisis poselectoral, una de las recomendaciones de los expertos internacionales.
“Ese el decreto de amnistía aprobado en febrero abría camino a la impunidad por delitos graves y abusos. Celebro el anuncio del Presidente”, sostuvo.
Fuente: Página Siete Digital
