El excuñado y el exedecán fueron aprehendidos este miércoles en La Paz. El primero hizo retiros de una de las cuatro cajas de seguridad que el exministro de Gobierno había abierto en un banco.
El exministro de Gobierno Arturo Murillo fue arrestado y luego imputado en Estados Unidos por cargos penales relacionados con soborno y lavado de dinero en el caso de la compra de gases y equipos antidisturbios mediante la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS). Ahora se enfrenta a una condena máxima de 20 años de prisión.
Junto a él fueron detenidos su exjefe de gabinete Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal; el propietario de BTS, Luis Berkman; el gerente de la misma empresa, Bryan Berkman, y el empresario boliviano estadounidense Philip Lichtenfeld. Todos son parte de una red que se benefició con un contrato por 5,6 millones de dólares que en diciembre de 2019 firmó el Gobierno boliviano para la adquisición de ese equipamiento.
La captura de los cinco procesados por la justicia estadounidense se produjo entre el viernes 21 y sábado 22 en los estados de Florida y Georgia, según informó este miércoles el Departamento de Justicia de ese país mediante un comunicado publicado en su página web, que luego fue replicado por la Embajada de EEUU en Bolivia.
“Las cinco personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de EEUU y otros factores legales”, señala el comunicado.
Explica, además, que Luis y Bryan Berkman, además de Lichtenfeld, “pagaron 602 mil dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno boliviano en beneficio de Murillo (…) Méndez (…) y otro boliviano funcionario de gobierno”.
Un día antes se había conocido un extenso informe presentado por el agente Jonathan Eades, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, según el cual la empresa proveedora (la brasileña Cóndor) recibió 3.375.735 dólares de los 5.649.137 dólares que pagó Bolivia y la intermediaria BTS 2.291.402 dólares.
De este último monto se habrían realizado los pagos de los sobornos, donde se presume que Lichtenfeld se benefició por jugar un papel de garante para el cumplimiento del contrato, según dijo en la mañana, en una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Méndez recibió 582 mil dólares y los Berkman ganaron por la intermediación.
En paralelo, en Cochabamba fue aprehendido Daniel Aliss Paredes, el excuñado de Murillo, luego de haber realizado un retiro de joyas y dinero de una de las cuatro cajas de seguridad que el exministro de Gobierno contrató en un banco en Cochabamba y a la que sólo él podía acceder.
Del Castillo informó que el hombre, según información de la Unidad de Investigaciones Financieras, ya hizo antes otros tres retiros y mostró en una conferencia de prensa videos en los que se observa esa actividad. Paredes llegó a La Paz alrededor de las 14:15 e inmediatamente fue trasladado a celdas policiales para prestar sus declaraciones.
Y en La Paz, en la zona de Miraflores, fue aprehendido el exedecán de Murillo, capitán de la Policía Daniel Bellot, quien, según informó el Ministro de Gobierno, habría pedido a otro oficial de su mismo rango, Iván Víctor Gómez Apaza, que realice dos depósitos en cuentas del exministro, cada uno por 50.000 bolivianos.
Los policías, al igual que Paredes, presentaron sus declaraciones, investigados por legitimación de ganancias. Hasta el cierre de esta edición no se había emitido la imputación formal.
El Ministerio de Justicia informó que se decidió ampliar la investigación por el caso de la compra de gases para establecer el papel de Murillo y del exministro de Defensa Fernando López.
Este último publicó en su cuenta en Twitter: “Desde mi forzado e injusto exilio veo en la investigación del FBI, una luz de esperanza y justicia para llegar a la verdad. El pueblo boliviano sabe que trabajé incansablemente por el país, apegado a la CPE”.
Oficialistas y opositores exigen castigo y sugieren extradición
Página Siete / La Paz
Actores políticos del oficialismo y la oposición coincidieron este miércoles en aplaudir las investigaciones que se realizaron en Estados Unidos sobre las irregularidades en la compra de equipamiento antidisturbios en 2019 y exigieron castigo para los responsables, además de su extradición.
Luis Adolfo Flores, jefe de bancada del oficialista MAS en el Senado, opinó que éste es “un mensaje a la justicia boliviana, al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia para aclarar la serie de delitos denunciados en la gestión de Jeanine Añez”, además de una constatación de que no hay una persecución política.
“Esperamos, si hay pruebas y respaldo, una sentencia condenatoria y esperemos que el proceso continúe y, en su momento, puedan extraditar a los bolivianos que se han adueñado de recursos del pueblo”, dijo.
El expresidente Jorge Quiroga coincidió con estas demandas. “Todos los integrantes de esta pandilla deberán cumplir las condenas que les aplique justicia en EEUU, y después ser enviados a Bolivia a purgar sus delitos. Han manchado la imagen nacional y robado nuestro futuro”, escribió en su cuenta en Twitter.
José Carlos Gutiérrez, diputado de Creemos, recordó que su partido hizo notar con anticipación que en este caso había alguna irregularidad y consideró que “todos los responsables de hechos ilícitos, de corrupción, de violación a la normativa, tienen que pagar”. No obstante, advirtió que el Gobierno pretende vincular este caso con su discurso de que en Bolivia hubo un golpe, “lo que no es correcto”.
El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez (MAS), consideró que la investigación iniciada por las autoridades estadounidenses da la razón a las denuncias gubernamentales sobre la corrupción campante en el anterior gobierno. “Compras con sobreprecios y por intermediarios ha sido un modus operandi de corrupción casi en todos los ministerios (…) Pedimos a las autoridades de Estados Unidos coadyuvar a la extradición de quienes estén implicados”, afirmó.
Fuente: Página Siete
