El costo real del material no letal era de $us 3,3 millones, pero las autoridades en 2919 pagaron 5,6 millones para generar el excedente.
El exministro de Gobierno Arturo Murillo y cinco cómplices se repartieron 2,3 millones de dólares que salieron del sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos durante el gobierno de transición.
“El señor Murillo con todos sus secuaces básicamente han utilizado 2,3 millones de dólares en beneficio propio y de todo el clan mafioso. Por eso se ha detenido ayer al señor Arturo Murillo y a sus (cinco) excolaboradores”, declaró el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo.
El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos determinaron que el exministro intentó lavar dinero a través de bancos de ese país durante el proceso de compra con sobreprecio de agentes químicos como gases lacrimógenos, estopines y balines de goma, mediante una empresa intermediaria, en 2019.
El costo real del material era de 3,3 millones de dólares, pero el Estado pagó 5,6 millones de esa moneda, para un excedente de 2,3 millones que las autoridades establecieron que fueron repartidos entre los involucrados en la operación.
La empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS LLC) pertenece a Bryan Samuel Berkman, hijo de Luis Berkman Littman, amigo de infancia de Murillo, según Del Castillo, quienes figuran como los dos primeros implicados en el hecho de corrupción.
Las coimas se pagaron a Sergio Rodrigo Méndez, exjefe de Gabinete de Murillo y también detenido en Estados Unidos; Philip Lichtenfeld, empresario de nacionalidad boliviana y residente estadounidense, quien aparecía como garante en la licitación de agentes no letales, y un funcionario del Ministerio de Defensa, quien habría utilizado su condición de alto cargo para la firma del contrato entre la cartera estatal y BTS LLC, de acuerdo con el informe del FBI.
Del Castillo afirmó que ordenó desde diciembre del año pasado una serie de auditorías y que las indagaciones ya dan cuenta de un daño al Estado de al menos 156 millones de bolivianos.
“Desde diciembre vienen existiendo 30 procesos de auditoría preliminar, a través de los cuales se mal utilizaron más de 156 millones de bolivianos”, afirmó Del Castillo en Unitel.
Fuente: Página Siete Digital
