De acuerdo con los abogados de los acusados hubo tres querellas, en La Paz, Oruro y Santa Cruz. Dos fueron archivadas
La Procuraduría General del Estado solicitó al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz un informe sobre el caso abierto en contra del expresidente Evo Morales, el senador Leonardo Loza y el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi. Esta instancia judicial remitió la instructiva a los jueces de partido para que informen sobre los antecedentes de este caso.
“Remitir informe con documentación respaldatoria respecto a: los procesos penales que hubieran sido iniciados en contra de Juan Evo Morales Ayma, Juan Carlos Huarachi y Leonardo Loza, por la supuesta instigación a bloqueos en diferentes puntos del país en agosto de 2020”, señala el instructivo de la Procuraduría.
En agosto de 2020 el Ministerio de Gobierno presentó la denuncia en contra de Juan Carlos Huarachi, Evo Morales, Luis Arce, David Choquehuanca, Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza, Freddy Yujra, Justo Yujra, Ernesto Quispe, Raúl Mamani y Rosmilda Salas, por los delitos de terrorismo, genocidio, sedición, atentados contra la seguridad de los servicios, delitos contra la salud, destrucción de bienes, instigación pública a delinquir. El 29 de octubre de ese mismo año, el abogado Fernando Peñaloza anunció que el caso fue archivado porque la Fiscalía no encontró elementos para sustentar una investigación.
Andrés Zúñiga, abogado defensor del ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, explicó que fueron notificados con dos casos similares en las ciudades de La Paz y Oruro pero fueron desestimados por las Fiscalías regionales luego de que los acusados presentaran recursos judiciales.
“Nos enteramos por los medios de comunicación que habían presentado otro caso similar en Santa Cruz, pero solo fue por los medios, nosotros nunca fuimos notificados y tampoco pudimos averiguar por los problemas de traslado que generaba la pandemia”, dijo Zúñiga y por tanto, no conocen que haya existido algún caso sobre esa denuncia en específico.
Se ha establecido un plazo de 48 horas para que todos los juzgados remitan informes solicitados.
Por Marco Antonio Chuquimia Huallpa
Fuente: El Deber
