A partir del 25 de enero serán habilitados unos 17.000 libros en todo el país, con la meta de lograr 1,5 millones de firmas equivalentes al 20 % del padrón electoral. Arce ve desestabilización en su contra.
El cabildo nacional “por la libertad”, previsto para mañana, apostará por la reforma judicial, según adelantaron dirigentes y activistas. A esto se ha sumado una iniciativa del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, quien le ha pedido al presidente Luis Arce que acepte un acuerdo en favor de la paz y la democracia.
La propuesta de Cuéllar, que ya fue rechazada, pasa por una amnistía en favor de los “presos políticos” y la creación de una “Comisión de la Verdad” que esclarezca, de manera “imparcial”, los delitos de la crisis política de noviembre de 2019.
El cabildo nacional fue convocado tras la ola de protestas sociales y la represión policial que tuvo lugar tras la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, recluido desde el 30 de diciembre en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
En este contexto, Arce dijo, en varias ocasiones, que defenderá a su gobierno sobre la base del 55% del respaldo popular y democrático que consiguió en los comicios de 2020. “No nos vamos a hacer sorprender con esos intentos y esas aventuras de golpe de Estado”, afirmó el viernes el Presidente en alusión a la celebración de los cabildos que tendrán lugar este miércoles 25 de enero, de manera “simultánea y coordinada” en las capitales de departamento.
En su mensaje por el aniversario del Estado Plurinacional, el mandatario no se refirió a la crisis de la justicia. Llamó a la “unidad”.
“Pondremos en consideración preguntas concretas”, señaló, por su lado, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Luego, pidió propuestas a la ciudadanía, a través de un mecanismo digital. Se trata de un formulario en el que se puede escribir y sugerir la pregunta que se pueda hacer en las asambleas que se desarrollarán en mañana en el país.
El plazo para hacer estas sugerencias venció ayer y se espera que Calvo emita una postura en las próximas horas, tras la revisión de los aportes ciudadanos que se hayan emitido por la vía digital.
El cívico adelantó que la temática de los cabildos es “la restauración del Estado de Derecho, la recuperación de la democracia, la libertad de los presos políticos y el cambio radical de la justicia”.
En este contexto, sectores y activistas se pronunciaron en favor de la transformación de justicia que propuso el grupo de Juristas Independientes. El proceso, que proyecta un ajuste en la Constitución, debe validarse, primero, con referéndum que requiere el sustento del 20% de los votantes inscritos en el padrón electoral.
Por eso, a partir del 25 de enero, que también es la fecha marcada para los cabildos, se habilitarán 17.000 libros para lograr 1,5 millones de firmas que representa se porcentaje de electores. Esta etapa se extenderá hasta marzo. La idea es hacer la consulta antes de la elección judicial, prevista para el tercer trimestre de este año.
José Antonio Rivera, uno de los representantes del equipo de juristas, informó que a la iniciativa se sumó la Conferencia Episcopal Boliviana y la red Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas). “Ha llegado el tiempo para que todos los bolivianos pongamos un granito de arena”, manifestó el arzobispo de La Paz, Percy Galván, cuando presentó el inicio de lo que llamó la “gran cruzada por la justicia”.
Exestudiantes de 140 colegios de Santa Cruz, y que son parte de las promociones de bachillerato, se sumarán a la campaña para recolectar al menos 460.000 firmas para validar el referéndum en la región. “La campaña de recolección se iniciará esta semana. Santa Cruz necesita recolectar el 20% del último padrón electoral para realizarlo, en un plazo no mayor a 90 días”, indicó el delegado de las promociones, Eduardo Chávez.
“La justicia transparente y la independencia de la justica no son temas que solo competen a Santa Cruz. Todos los bolivianos debemos preocuparnos para que se restituya el Estado de Derecho y se respeten las garantías y libertades del ciudadano. Todos estamos en riesgo si la justicia sigue cooptada por el Ejecutivo”, afirmó el rector Cuéllar, quien no descartó apoyar la iniciativa de reforma judicial.
Con las firmas acreditadas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debería llamar a referéndum en septiembre. Las cuatro preguntas del referéndum tienen que ver con la asignación presupuestaria, la independencia y la creación de juzgados de paz. Se han previsto al menos 14 ajustes en la CPE y la incorporación de dos artículos para evitar que criterios políticos medien para la selección de los candidatos a magistrados de las altas cortes del Órgano Judicial. En el país, la elección de estas autoridades se hace a través del voto.
Movilización
La decisión, tomada el 10 de enero, de convocar a un cabildo nacional fue tras las protestas que demandaron la liberación de los “presos políticos”. “Hay unidad nacional y sabemos que Luis Fernando Camacho es una de las víctimas de la persecución política”, dijo Adrián Ávila, presidente cívico de Tarija.
Los cívicos de Chuquisaca y Cochabamba anunciaron que no van a paticipar de la movilización. En esos departamentos, activistas de plataformas ciudadanas tomaron la iniciativa de los cabildos.
El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, informó que el cabildo en La Paz será en la zona sur. “Estamos pidiendo garantías para evitar que grupos paraestatales nos agredan como sucedió la otra vez”, afirmó.
El dirigente del transporte pesado de Santa Cruz Juan Yucra expresó el temor de que en el cabildo de mañana se asuman medidas de presión, como un paro que afectaría la economía de la región y del país. “Apoyamos el cabildo, pero un paro y otras protestas nos afectarían”, apostilló.
“El cabildo es un espacio democrático y está reconocido constitucionalmente. Vamos a hacer conocer un planteamiento, pero es el ciudadano que debe hacerlo. Es cierto que los paros han golpeado la economía nacional y departamental”, señaló Vicente Cuéllar.
Por su lado, el constitucionalista e investigador social Carlos Hugo Molina abogó por decisiones que sean “inteligentes”. “La sabiduría que tiene que haber el 25 de enero en el cabildo tiene que ser tan grande que desconcierte a todos aquellos que quieren y promueven la violencia para que no haya violencia; que desconcierte a los proponen la solución por el desastre”, apuntó el especialista.
Fuente: El Deber
