Recuerda que el MAS siempre ha podido realizar sus actos sin amenazas. Observa un intento de prolongar la confrontación ante un hecho que nunca fue “falta de respeto”. Desde el Comité Cívico proponen tolerancia y no caer en las provocaciones.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, centra la atención en el rechazo a las leyes que “atropellan los derechos de los ciudadanos de toda Bolivia” y asegura que “se va a respetar” la concentración organizada por el Movimiento Al Socialismo en defensa de la wiphala.
“(El wiphalazo) podrán hacerlo de forma tranquila”, respondió el gobernador de Santa Cruz ante las consultas de los periodistas sobre la movilización convocada por el MAS para este martes, a las 17:00 en el Chiriguano. Insiste en que el partido oficialista “puede hacer los actos que crean convenientes” en la capital cruceña, porque no se los provocará.
Antes de enfocar la conferencia hacia la valoración del paro nacional realizado el lunes, Camacho recordó que la wiphala “nunca fue motivo de falta de respeto”, por lo cual no habría sentido en “reivindicar” la misma. Aunque agrega que el hecho de llevar la bandera escondida en un bolso evidencia la falta de orgullo por la misma de parte de los masistas. Alude de esta manera a la forma en que el MAS izó la wiphala en la plaza 24 de Septiembre durante los actos oficiales por el mes cívico cruceño.
En relación a la jornada de protesta realizada el lunes, el gobernador considera que “se ha hecho escuchar” la voz de la ciudadanía. Acusa al oficialismo de “provocación por parte del MAS buscando la confrontación” y considera como “hechos aliados” los enfrentamientos durante el paro nacional.
Para los cívicos, el wiphalazo requiere tolerancia por parte de la población y le pide “que no se deje provocar”.
En opinión de Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, el ‘wiphalazo’ es una nueva cortina de humo. “Mientras nos quieren embaucar con la bandera, están aprobando leyes que atentan contra los derechos de los bolivianos”, expresó.
Calvo insiste en calificar la norma como “una ley persecutoria que da el máximo poder al Estado para perseguir y chantajear” a la oposición.
Por Juan Manuel Ijurko
Fuente: El Deber
