El ministro de Obras Públicas acusa de incumplimiento de deberes al secretario de Medioambiente de la Gobernación. El capitán indígena dice que autorizó la construcción del puente.
El puente construido sobre el río Parapetí por una comunidad menonita vuelve a confrontar a las autoridades nacionales y departamentales. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, acusa a la Gobernación cruceña de irresponsabilidad al permitir la obra. Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que ha presentado una demanda penal por el daño ecológico causado e indaga la posible autorización de la ABT y del INRA para permitir la apertura de un camino.
“Nuestra institución no ha emitido ninguna autorización para la construcción de un puente o un camino”, manifestó Camacho en conferencia de prensa al señalar que la Gobernación, al igual que la población, se ha visto sorprendida por la obra, cuya ejecución se inició en octubre de 2020.
En la rueda de prensa, la autoridad departamental se refirió al informe elaborado por las dos comisiones conformadas para el estudio del puente clandestino construido por los menonitas sobre el río Parapetí, a 15 km de la comunidad guaraní Cuarirenda, en Charagua, de la provincia Cordillera.
Dijo que los menonitas, sin ningún fundamento legal, procedieron a construir 14 kilómetros de camino y casi 200 metros de la infraestructura del puente desde octubre de 2020. “(…) Santa Cruz y sus autonomías indígenas no son suficientes para autorizar este tipo de construcciones y obras viales, la única autoridad competente para poder autorizar este tipo de obras es el Gobierno Departamental”, indicó.
Según Camacho, por las investigaciones y documentación a la que accedió la Gobernación se sabe que el puente cuenta con autorización de la ABT, del INRA y del gobierno autónomo. La obra se ejecutó sin licencia ni ficha ambiental otorgados por el gobierno autónomo departamental.
Indicó que, para esclarecer quién pudo facilitar la construcción del puente y la incursión con fines de explotación forestal en el territorio Ramsar (áreas protegidas por su aporte medioambiental), se ha solicitado mayor información a la ABT y a las autoridades indígenas.
Por el momento, la Gobernación ha presentado una denuncia penal por los delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado y riqueza natural. Esto, porque con la construcción de este puente se “han atropellando leyes nacionales, como la 1333 de Medio ambiente, y la Ley Departamental 98 de Conservación de Patrimonio Natural y Departamental de Santa Cruz”.
Asimismo, el gobernador informó que se procedido a la inmediata destitución del subgobernador de la provincia Cordillera. “Si bien este es un problema que viene de 2020, vamos a hacer ajustes internos, removiendo el personal que sea necesario que hubiera estado dentro de esto, o que, por incapacidad o negligencia, no haya actuado a tiempo para defender nuestro medioambiente”, manifestó Camacho.
Ministro critica a la Gobernación
El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, también se refirió al tema. Acusó a las autoridades de la Gobernación de incumplimiento de deberes y adelantó acciones penales contra el secretario de Medioambiente, Efraín Suárez.
“No se podía dar el permiso para la construcción de ese puente, ¿por qué dejaron que se construya?”, expresó Montaño al anunciar una visita al lugar junto al ministro de Aguas.
Para el ministro de Obras Públicas, la construcción de un puente sin los debidos estudios representa un riesgo para los usuarios de ese puente, los transportistas y para el medioambiente. Con la inspección en el lugar, espera levantar un diagnóstico del estado actual del medioambiente y el impacto ambiental.
El puente
El puente clandestino de 200 metros se interna se los Bañados del Isoso con una vía que supera los 14 kilómetros. La construcción de la estructura que une las dos orillas comenzó en octubre de 2020, pero pasaron más de 16 meses hasta que se conoció la obra.
Tras la denuncia realizada por la revista digital Nómadas, las autoridades han expresado su preocupación por la invasión de una zona medioambiental que goza de protección.
El capitán indígena de dicha, en declaración a los medios, admitió que, como gobierno autónomo, se autorizó la ejecución del puente, que mide de 200 metros, así como el camino de más de 14 kilómetros que ingresa a los bañados del Isoso.
Por Juan Manuel Ijurko
Fuente: El Deber
