La Fiscalía imputó al gobernador cruceño por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado.
Este martes miércoles, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recibió una segunda medida de detención preventiva otorgada por la justicia. Esta vez fue por el lapso de 60 días dentro del caso denominado ‘decretazo’.
La Fiscalía imputó a Camacho por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y en la audiencia pidió al juez Juan José Quiroz que ordene 180 días de reclusión en la cárcel de Chonchocoro.
Este pedido fue apoyado por el abogado Marcelo Aliaga, que defiende asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) Clemente Ramos. Sin embargo, como la justicia solo ordenó 60 días de detención, Aliaga decidió apelar por el corto plazo.
Esta determinación también fue apelada por Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño, pues consideró que no se debía ordenar la detención del gobernador, debido a que no cometió los delitos de los que se lo acusa.
Además de que cuestionó que la audiencia se haya llevado de manera virtual, para evitar que la autoridad departamental sea trasladad a Santa Cruz para que participe de manera presencial de este proceso que radica en la capital cruceña.
El caso
El caso data del 9 de marzo de 2022, cuando la primera autoridad departamental viajó al Brasil para participar de la 12va Reunión Anual del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre el Clima (GCF Task Force).
Antes de emprender el viaje, firmó el Decreto Departamental 373 donde designaba como gobernador suplente a su secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, más no así al vicegobernador Mario Aguilera.
El 19 de marzo de 2022, luego de su arribo a Santa Cruz y tras sostener una reunión de gabinete de urgencia, Luis Fernando Camacho reconoció que el decreto fue firmado porque tenían una agenda que cumplir en provincias durante la semana y la persona designada para cumplir tales trabajos era Mario Aguilera.
En ese sentido, dijo que se decidió dejar al secretario de Coordinación Institucional Miguel Ángel Navarro como gobernador suplente, para tener el normal desenvolvimiento en la Gobernación.
“El decreto no entró en vigencia porque se instruyó que no iba, pero esa situación fue subida a la Gaceta y no debió haber ido”, aseveró en aquella oportunidad.
Ante esa situación, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), a la cabeza del asambleísta Clemente Ramos, presentó una denuncia en contra de Camacho ante el Ministerio Público, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución.
Por este caso tanto el gobernador, Luis Fernando Camacho; el vicegobernador, Mario Aguilera; y el asesor de Gestión, Efraín Suárez, se presentaron en abril de 2022 ante la Fiscalía para declarar en calidad de testigos.
Suárez argumentó en reiteradas ocasiones que de acuerdo a la información interna administrativa que se tiene, el decreto sí fue publicado por un error involuntario del funcionario y que una vez advertido se bajó el documento de la Gaceta oficial de la Gobernación.
Fuente: El Deber
