La orden habría sido emitida en La Paz y carece de fecha para la ejecución de la misma.
El vicepresidente segundo del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, denunció que efectivos policiales intentaron aprehender al presidente de la institución cívica, Rómulo Calvo Bravo, en horas de la madrugada de este viernes. La orden de aprehensión habría sido emitida en La Paz y carece de fecha para su ejecución.
Cochamanidis mostró la orden mencionada que habría sido obtenida del sistema digital de la Fiscalía. Además, alerta sobre la campaña de “persecución y amedrentamiento” que el oficialismo mantiene contra Calvo y su familia.
“Él está llevando su vida normalmente, trabajando”, dijo Cochamanidis al señalar que, a pesar de la “actitud de amedrentamiento a las personas entre gallos y medianoche”, el presidente cívico continúa en Santa Cruz “y no se ha movido”.
Los cívicos también observan que el Ministerio Público de La Paz “se salta por encima a la Fiscalía de Santa Cruz” con “denuncias que no tienen asidero algunas por personas serviles al MAS”, dijo Cochamanidis.
Por su parte, el abogado Jorge Valda que asiste a los cívicos del país, también cuestiona el operar del Ministerio Público “obviando todos los procesos”.
Valda considera que se “está generando tráfico de influencias de orden político que atenta contra la libertad y los derechos humanos” y que pretende “criminalizar la protesta”. Apunta al diputado Rolando Cuéllar como el promotor de la persecución en contra de Rómulo Calvo.
“Pretenden aprehenderlo y llevarlo a La Paz, al antiguo ‘modus operandi’ de Evo Morales”, afirma.
El abogado cuestiona la intencionalidad de los diversos procesos que recaen sobre el presidente cívico. “Sólo tiene 5 casos activos y los cuatro que corresponden al 2021 son por sedición y conspiración. Son delitos políticos”, complementa.
Para Valda, el Gobierno “quiere dar un golpe al comité cívico queriendo detenerle ilegalmente”. En otras regiones, también se han abierto procesos de persecución contra líderes cívicos, como en Tarija, Chuquisaca, Puerto Suárez y Riberalta.
Por Juan Manuel Ijurko
Fuente: El Deber
