Federico Morón acusa a la anterior gestión municipal de buscar ‘el negocio’ antes del beneficio para la ciudad y lamenta que la actual administración municipal vaya por el mismo camino.
Una nueva denuncia sobre el tratamiento de la basura salió a la luz pública. El concejal suplente de Comunidad Autonómica (C-A), Federico Morón, a través de sus redes sociales, dio a conocer un preacuerdo de 2017, entre el Gobierno Municipal cruceño y la empresa español Environmental Green Engineering -Egreen, mediante el cual, la compañía industrializaría los residuos sólidos de la ciudad, invertiría $us 400 millones y, a cambio, la Alcaldía debía entregar terrenos para que pudieran montarse plantas de tratamiento de los residuos orgánicos y de reciclaje.
Morón exhibió papeles con el logotipo de Emacruz, la empresa de Aseo de la ciudad, e indicó que ese preacuerdo de tratamiento integral de residuos fue firmado por el alcalde de ese entonces, Percy Fernández (aunque Morón puso en duda si se trata de una signatura auténtica o si alguien más emuló la firma), así como por Jhonny Bowles, quien en 2017 fungía como gerente de Emacruz, y un asesor jurídico de esa empresa municipal, cuyo nombre no indicó.
“Íbamos a ahorrar $us 400 millones y sólo teníamos que entregar nuestra basura”, lamentó airado el concejal suplente. A su juicio el documento que menciona fue escondido “porque se les acababa el negocio; han usado esto para robar”, mencionó en referencia al traslado del vertedero municipal, de Normandía a San Miguel de los Junos.
Por otro lado, Morón indicó que Jhonny Fernández sabía de ese preacuerdo cuando era concejal, pero no hizo nada. Dijo que ahora que es alcalde, en vez de tomar esa opción de industrialización de los residuos, el burgomaestre prefiere un contrato de ocho años para el entierro sanitario, “igual que la anterior gestión”.
Anunció que presentará estos papeles al Concejo y realizará una petición de informe al Alcalde para saber por qué y quiénes escondieron ese documento. Aunque, él mismo responde a su incógnita: “Ustedes (funcionarios de la anterior gestión municipal) decidieron que el negocio tenía que continuar, enterraron este documento para que nadie sepa lo que pudo haber sucedido”.
Según el documento que Morón presentó, en los terrenos que debían ser cedidos por el Municipio, Egreen pondría una planta de tratamientos sólidos, una de clasificación de plásticos por composición química, y sendas plantas de: fabricación de pellets de plástico, de reciclaje de vidrio, biogás, generación de energía eléctrica y de compost.
En su sitio web, Egreen, empresa afincada en Barcelona, se describe: “Somos una ingeniería medioambiental que realiza Proyectos de Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, protegidos por patente de invención propia, que combina diversas e innovadoras tecnologías, para conseguir altos índices de reciclaje, mediante procesos medioambiental y económicamente sostenibles”.
La empresa española describe servicios relacionados con los que Morón citó en su denuncia. Además, sugiere rentabilidad y beneficios de las plantas que administran, por la venta de materiales reciclables recuperados, de biofertilizantes y energía eléctrica, como ejemplo.
Asegura que, desde el punto de vista económico, “el proyecto es rentable y, por lo general, el periodo de amortización de la planta está entre siete y ocho años”.
Morón recordó que su colega, el concejal José Alberti ha presentado un proyecto de ley para la industrialización de la basura; piden al alcalde dejar de buscar contratos para el entierro sanitario de los residuos.
Supuesto sobreprecio
Otro de los concejales opositores que está sobre tema de la basura es Manuel Saavedra, que se refirió al presunto sobreprecio de los terrenos del actual vertedero municipal, situado en San Miguel de los Junos (Distrito Municipal 14).
Saavedra denunció, en 2019, el presunto sobreprecio con el que estos terrenos habrían sido adquiridos por el Gobierno municipal. Según su denuncia, se habría pagado $us 10 millones cuando el valor catastral sería de la mitad de ese monto.
“Eso se denunció en junio de 2019, llegamos hasta Paurito, hicimos consultas con propietarios de parcelas en esa área rural y en ese momento pedían entre $us 15 mil y 20 mil la hectárea, pero el municipio compró en $us 50 mil la hectárea”, declaró el concejal, quien además espera que la investigación avance, ya que este año entregó la denuncia en la Contraloría del Estado.
Fuente: El Deber
