La conformación de “una subcomisión encargada de supervisar el proceso agrario en el departamento, investigando las dotaciones de tierras en Santa Cruz” fue uno de los puntos centrales del acuerdo. Buscan designar un nuevo director del INRA.
El ‘Congreso por la tierra’ apuntaló el acercamiento entre el sector público, el sector privado y los pueblos indígenas. La lectura de las ocho resoluciones asumidas en el Congreso por la Defensa de la Tierra y el Territorio puso fin a un ansiado encuentro que acordó que la siguiente estación en esta reivindicación de la tierra se establezca el 8 de julio con la convocatoria a la Comisión Agraria Departamental (CAD).
La cacique de la Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (Cichar), Nardy Velasco presentó las resoluciones del tercer Congreso por la Tierra que marcan el trabajo para la CAD. El pedido para investigar los responsables y los beneficiarios de las tierras dotadas forma parte del acuerdo alcanzado.
Roboré ha sido uno de los municipios que ha denunciado los avasallamientos en su tierras fiscales y, fruto de ello, ha sufrido por la represalia judicial. Por ello, expresó su “rechazo a la persecución y amedrentamiento por parte del Gobierno central contra quienes defienden la tierra”.
La conformación de “una subcomisión encargada de supervisar el proceso agrario en el departamento, investigando las dotaciones de tierras en Santa Cruz” es uno de los puntos centrales del acuerdo firmado en San Miguel de Velasco. La misión de esta comisión se centra en identificar a los responsables y los beneficiarios de las dotaciones para conocer “la situación actual y los daños ocasionados al medioambiente”.
En tal sentido, proponen que “se convierta en el ente encargado de supervisar el proceso agrario en el departamento, fiscalizar los procesos de distribución de tierras y que pueda solucionar los conflictos que se presenten por el tema tierra”.
El acuerdo también insiste en exigir “la distribución de tierras” que “se tiene que hacer a los pobladores del lugar que no la poseen o que la poseen de manera insuficiente”. Para avanzar con estos pedidos, se condiciona la presencia del Director Departamental del INRA. “En caso contrario deberá iniciársele un proceso por incumplimiento de deberes”, refleja el documento aprobado.
La participación de los pueblos indígenas era una prioridad antes de iniciar el Congreso en San Miguel. El pedido refleja la “necesidad de modificar la representación indígena ante la CAD, garantizando la participación de los cinco pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz”. Se dispone contactar con “las organizaciones de base de las instituciones sociales” para garantizar la participación de sus comisionados.
Finalmente, encomienda a la CAD el inicio del “proceso para la elección de ternas para el cargo de director departamental del INRA”. Mientras se logre recuperar el control de la CAD en la dotación de tierras, el ‘Congreso por la Tierra’ declara “estado de emergencia en contra de las dotaciones de tierra de forma política, irregular y arbitraria” para precautelar las tierras de nuestra región.
Camacho pide unidad
Durante 14 años, bajo la gestión del exgobernador Rubén Costas, no se logró convocar la Comisión Agraria, según la actual administración departamental. En esta oportunidad, Luis Fernando Camacho, el actual gobernador cruceño, se comprometió a realizar la reunión. “Si tengo que ir a traer al director del INRA para que esté presente, lo voy a hacer”, aseguró ante los cientos de participantes en el Congreso de San Miguel.
Su discurso en defensa de la tierra redundó en las referencias a “autoridades vendidas y cómplices” que no actuaron ante los asentamientos que se han producido en la Chiquitania. “Le quiero decir al centralismo (…) que Santa Cruz tiene un gobernador que no es vendido”, manifestó Camacho.
En referencia a la labor de la CAD, la autoridad reclamó “el apoyo de todos”, dejando de lado los colores políticos con “el único interés y color de la bandera verde, blanco y verde y la bandera del Patujú”.
La arremetida de Camacho señaló a las autoridades municipales que “firmaban las autorizaciones de los asentamientos”. Ahora, reclama para “que no existan más alcaldes vendidos, que no se presten y que nadie se venda”.
La urgencia de la CAD pretende acabar con “los parches; no podemos seguir sufriendo por lo que nos corresponde”, señala Camacho. Se ampara en la Constitución Política del Estado para priorizar la entrega de tierras a los del lugar “sin saltarse al Chapare”.
“No pedimos que se nos de un trato diferencia, pedimos que se nos respete”, complementó el gobernador en su intervención durante el Congreso.
El encuentro arrancó con un día soleado y un ambiente festivo que solo se quiso empañar con un altercado que involucró a la representante del pueblo chiquitano, Aida Gil. La asambleísta sufrió insultos y jalones cuando quería acceder a su lugar en la testera, lo que generó rechazo entre algunos presentes y miembros de los pueblos indígenas.
Los representantes en la Asamblea Legislativa Departamental del pueblo Ayoreo, Liliana Tacore, y del pueblo Guarayo, Roberto Urañavi, respaldaron a Gil mientras se retiraba para evitar nuevas agresiones.
Por Juan Manuel Ijurko
Fuente: El Deber
