Las personas reconocieron que ingresaron a esta modalidad entre 2014 y 2018. En sus declaraciones involucran a una persona más que se prevé sea incluida en el caso. Dicen que solo recibieron el 7% del total del sueldo del contrato irregular.
“Aparecía como funcionario municipal entre 2014 y 2018, pero nunca fui a trabajar. No marqué asistencia”, declaró el miércoles una de las personas que confirma que fue parte de una red de ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, un caso en el que el principal acusado es Antonio ‘Tony’ Parada Vaca, exdirector de Recursos Humanos del municipio.
El testigo, junto con otra persona que está en similar situación, declaró ayer ante la comisión de fiscales anticorrupción que lleva adelante la investigación del caso de los 800 ítems fantasmas en la Alcaldía cruceña.
A ambos se les tomó la declaración a través de la cámara Gesell, después de varias horas de espera en la Fiscalía Departamental.
Las dos personas reconocieron que figuraron como funcionarios públicos entre cuatro y cinco años. No obstante, no asistieron a trabajar y se les entregaba alrededor de 300 y 400 bolivianos al mes.
En sus declaraciones, de forma voluntaria, apuntaron a Julio Herbas como la persona que los reclutó con el compromiso de que luego serían funcionarios y con tareas específicas y con sueldo.
Herbas es parte de los seis denunciados en este caso y su domicilio fue uno de los allanados en este proceso investigativo el pasado martes. Fue funcionario de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña y actualmente no se conoce su paradero, pero pesa sobre él una alerta migratoria.
“Presenté mis papeles para postular a la Alcaldía, a pedido de Herbas, no supe que ingresé. Más de un año después me enteré y le reclamé a Herbas, desde entonces me pagaban en físico entre Bs 300 y Bs 400”, contó uno de los contratados de manera irregular en una entrevista con EL DEBER.
Esta persona dice que se convirtió en uno de los primeros testigos en este caso y ahora se declara víctima, pues dice que inicialmente no sabía que era funcionario y que no conocía el monto de su salario.
En su declaración ante los fiscales del caso involucró en los hechos irregulares a una funcionaria de una entidad bancaria, a través de la cual supuestamente le cancelaron el sueldo, pero dice “que nunca hizo el trámite para abrir la cuenta”.
La comisión de fiscales ampliará la denuncia contra la mujer sindicada, que, según la declaración, era allegada a Herbas.
Ambas personas declararon que conocían a Herbas hace años y que luego de ganarse su confianza les ofreció incluirlos como funcionarios municipales y a los años les ofreció incluir a más personas con “ítem” y por cada uno se les entregaría Bs 50 más de forma mensual.
“Yo me declaro víctima, no conocía todo este entorno. Ni sé de qué secretaría supuestamente fui funcionario”, dijo la persona y aseguró que cuenta con audios, fotografías y chat que respaldan esta red de ítems fantasmas.
Horas antes de ambas declaraciones clave, desde la Fiscalía explicaron que la investigación del caso está aún en etapa preliminar y en el cuadernillo de investigación aún no se cuenta con el listado total de las personas que tendrían ítems fantasmas.
“En la investigación se presentaron memoriales donde sugieren algunos nombres, pero la comisión está haciendo una evaluación de toda la información para resolver lo más conveniente para la información”, dijo ayer la fiscal Marcela Terceros.
Sobre el caso
Según la declaración de las dos personas que reconocen haber tenido ítems fantasmas, solo asistieron en dos ocasiones a oficinas municipales. Una para presentar su “postulación a ser funcionario público” y otra, en el 2018, después de que una auditoría interna detectó irregularidades y Herbas les pidió cerrar su ítem.
Como parte de la investigación a la que accedió EL DEBER, el proceso de ingreso de ambos se inició en la dirección de Recursos Humanos. Ambas personas que brindaron su declaración afirmaron que recibían mensualmente solo el 7% del total de su ‘sueldo’.
En las declaraciones también se involucra a Antonio Parada, quien -según la Policía- ya salió del país por un paso irregular, y a Julio Cedeño, quien ocupó la Dirección de Recursos Humanos.
Según ambos testigos, se presentaron a declarar voluntariamente con el objetivo de lograr una medida de protección como testigos clave y porque se declaran también “estafados en este proceso”.
Uno de los que declaró indicó que, en 2018, cuando “cerró su ítem” hizo también el proceso en la Contraloría y desde entonces no tiene contacto con Herbas.
Como parte de la investigación de este caso, la comisión de fiscales citó a declarar a 42 exsecretarios municipales de las últimas dos gestiones de Percy Fernández y de Angélica Sosa, quien también hoy declarará en calidad de testigo.
Uno de los primeros en declarar como testigo ayer fue el exsecretario municipal de Seguridad Ciudadana José Negrete. El exfuncionario puso en duda la existencia de los ítems fantasmas debido al complejo procedimiento que se requiere para contratar un funcionario.
Un día antes, el exsecretario de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER) Joaquín Crapuzzi reconoció que en la secretaría a su cargo contaba con personal “mínimo” y que no marcaba tarjeta porque realizaba tareas operativas en la calle, como notificaciones y fiscalizaciones.
El abogado de Sosa, Jerjes Justiniano Atalá, remarcó ayer que aún no hay denuncia de un solo nombre de estos supuestos ítems fantasmas. “Se debía iniciar con una auditoría que identifique cuales son las supuestas personas que firmaron estos ítems, a cuentas de qué personas”, dijo.
El concejal Manuel Saavedra llegó hasta el edificio central del Gobierno Municipal para mostrar el registro biométrico que certifica la entrada y salida de los funcionarios, con el objetivo de demostrar que cumplieron su jornada laboral. Apuntó a la falta de este mecanismo como una herramienta para iniciar las pesquisas de los contratos fantasmas.
Saavedra dijo que, dada la naturaleza de las labores de los funcionarios, en algunos casos especiales, están exentos de marcado, pero que la excepción no puede ser la regla.
A su vez, el alcalde Jhonny Fernández aseguró que se identificaron irregularidades en contrataciones en varios años e incluso en los últimos meses de la gestión del interinato de Sosa.
La fiscal Terceros indicó que aún no cuentan con el listado completo de supuestos ítems irregulares, aunque remarcó que sí hay indicios de los delitos denunciados como enriquecimiento ilícito y daño económico al Estado.
“En la primera documentación que nos remitieron de la unidad de Los Tusequis, encontramos indicios como unas boletas y giros a Estados Unidos por cifras altas como 180.000 dólares”, sostuvo la fiscal.
La autoridad fiscal adelantó que se pedirá a la Alcaldía cruceña la realización de una auditoría para determinar el daño económico y también para que sea un respaldo legal de la investigación.
Por Leyla Mendieta
Fuente: El Deber
