Las cifras son las reveladas por la investigación que realiza el Ministerio Público. El monto tiende a aumentar en la medida que se descubren más detalles de los casos irregulares.
Los daños económicos ocasionados a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por los casos ‘ítems fantasmas’, la ejecución del primer tramo del proyecto del Bus de Transporte Rápido y la compra de terrenos para el nuevo vertedero municipal supera los Bs 260 millones. La cifra, que solo contempla los datos surgidos en la investigación del Ministerio Público, representa el 10,16% del presupuesto anual de la comuna, que en 2021 fue de Bs 2.687 millones.
Según las indagaciones de la Fiscalía, el daño económico a la municipalidad se desglosa entre los 863 contratos laborales ficticios que fueron detectados entre las gestiones 2016 y 2018, que representan una pérdida de Bs 23,4 millones. Además de otros Bs 25 millones por los ítems aprobados entre enero y marzo de 2021, durante la campaña para las elecciones subnacionales, cuando la entonces alcaldesa interina Angélica Sosa postulaba a la Alcaldía por la agrupación política SPT.
En el caso vertedero, la Fiscalía investiga la compra de terrenos con un presunto sobreprecio de Bs 55,6 millones. La construcción del primer tramo del BRT, la obra que fue concluida hace más de un año, pero que está sin uso debido a cuestionamientos técnicos, demandó una inversión de Bs 156,1 millones, de los cuales Bs 151,3 millones corresponden a la obra y otros Bs 4,8 millones para la supervisión externa.
“El monto de dinero desviado por la corrupción en la anterior administración es superior a la deuda municipal, que alcanza los Bs 230 millones, aunque también pudo servir para construir colegios, centros de salud y obras viales”, aseguró el secretario de Administración y Finanzas de la Alcaldía, Mario Centellas.
“Un módulo educativo requiere de una inversión de $us 6 millones y un puente $us 10 millones. Santa Cruz requiere de un centro de hemodiálisis, de un anfiteatro o ampliar las vías para el transporte interurbano hasta el centro de la ciudad. Tampoco hay que olvidar que cada año se planifican obras para la ciudad con un presupuesto quinquenal”, dijo Centellas.
A su vez la directora municipal de Transparencia, Adriana Pedraza, declaró que las estimaciones que se tienen hasta la fecha, con referencia al supuesto sobreprecio en la compra del terreno para el vertedero es de $us 8 millones y por los ítems fantasmas se han cuantificado Bs 25 millones.
“Son cifras descomunales y como unidad de Transparencia estamos investigando estos delitos de corrupción porque se está persiguiendo la devolución de ese dinero que tanta falta le hace al municipio”, acotó Pedraza.
También recordó que en lo que se refiere a los contratos irregulares denunciados en mayo del 2021, un total de 1.205 fueron entregados durante la campaña para las elecciones subnacionales.
Quiénes pagan
Desde el punto de vista legal, el abogado constitucionalista William Herrera dijo que durante la investigación se tiene que anotar y secuestrar todos los bienes de los acusados para garantizar la reparación de los daños económicos causados a la municipalidad.
“Estamos hablando de casos monstruosos, donde hay mucha gente (involucrada), seguramente (algunos) investigados no tienen bienes a su nombre porque saben que si incurren en irregularidades en cualquier momento les pueden embargar sus bienes, por eso es importante apurar el proceso penal e identificar a los autores. Ellos, en su momento, deberán hacerse cargo de los daños (económicos) causados”, explicó.
Herrera también hizo énfasis en realizar procesos paralelos sobre los que no figuran en la causa penal, como algunas empresas que estén relacionada indirectamente con los hechos que se investigan. “No tienen una responsabilidad penal, pero causaron daños civiles, por lo que a esas empresas o personas les podrían iniciar una acción civil”, recomendó.
Por su lado, el arquitecto Fernando Prado también cree que los investigados deben hacerse responsables y pagar esas millonarias cifras. En estos momentos, los vecinos estamos cubriendo estos costos con el pago de nuestros impuestos porque la Alcaldía no ha cobrado un centavo a los imputados y para hacerlo tienen que, de inmediato, congelarles las cuentas y evitar que realicen transferencias bancarias.
Prado lamentó que esa medida se asuma a mitad del proceso, después de que los acusados retiraron su dinero y pusieron sus bienes e inmuebles a nombre de sus familiares y terceras personas.
El urbanista recordó que en el pasado hubo procesos penales similares, en los que nunca se recuperó el daño monetario ni se identificaron a los culpables.
El abogado Daniel Valverde considera que estos tres procesos tendrán un largo tiempo por delante y coincide en que cuando se dicte sentencia, también es necesario que se determinen las responsabilidades civiles y ahí entra el resarcimiento económico.
“En principio, quienes tengan que realizar este pago son los principales investigados que, seguramente, van a ir sumando. Además del exalcalde y de la exalcaldesa, habrá otras exautoridades, como los secretarios municipales, e incluso los concejales del 2015 al 2021 que tienen mucho que decir”, señaló Valverde.
Proceso de Parada
Dentro de la investigación que se realiza en el caso ítems fantasmas, la coordinadora de fiscales Marcela Terceros aseguró que se cumplieron con todos los requisitos para la extradición de Guillermo Parada que se encuentra detenido en Panamá. “Como no fue encontrado en su domicilio se lo notificó por edicto y fue presentada la imputación formal en su contra. Con eso estaríamos completando los requisitos para extraditarlo. Estimamos que en un mes podría estar por acá”, señaló.
En el caso BTR, la fiscal Rosmery Barrientos sostuvo que antes de ordenar un estudio grafológico en 18 contratos que tendrían la firma fraguada del exalcalde Percy Fernández, como lo solicitó la Alcaldía, tiene que ver si corresponde ampliar la investigación por el delito de falsedad material. “No puedo ordenar ese peritaje sin que el juez del caso lo instruya”, señaló Barrientos.
Finalmente, desde el Ministerio Público informaron que la audiencia cautelar de la exsecretaria municipal de Administración y Finanzas Sandra Velarde, por el caso vertedero, se realizará el viernes 4 de febrero a las 14:00.
Fuente: El Deber
